Buenos Aires, 20 Dic (Notimex).- El Senado de Argentina aprobó hoy una ley que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en materia de violencia de género, en medio de la conmoción provocada por las denuncias de abuso sexual en contra de las mujeres.
La iniciativa, que se discutió en el periodo extraordinario de sesiones convocado por el presidente Mauricio Macri, crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres.
Gracias a esta medida, los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán que capacitarse de manera obligatoria en programas para diseñar leyes o aplicar la justicia con perspectiva de género.
La ley fue aprobada de manera unánime por los 59 senadores presentes en el recinto, quienes se sumaron así a los 171 votos a favor que el dictamen obtuvo la víspera en la cámara baja, con un único voto en contra del diputado oficialista Alfredo Olmedo.
El legislador, quien considera que la homosexualidad es una enfermedad y que la misión de la mujer es ser madre, advirtió que está en contra de cualquier norma que promueva la “ideología de género” que, según él, destruye a la familia.
A nivel popular, la iniciativa es conocida como “Ley Micaela”, en referencia a Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en abril del año pasado en Gualeguay, una ciudad ubicada a 230 kilómetros de Buenos Aires.
Micaela fue vista por última vez el 1 de abril de 2017, cuando salía de un salón de baile, y después de una semana de búsqueda su cuerpo fue encontrado tirado a las afueras de la ciudad.
Meses más tarde, tres hombres fueron juzgados por el secuestro, violación y asesinato de la joven, pero sólo uno de ellos, Sebastián Wagner, fue condenado a cadena perpetua, mientras que Néstor Pavón recibió una pena de cinco años de prisión y Gabriel Otero quedó absuelto.
El caso tuvo amplia repercusión y generó masivas marchas de repudio a nivel nacional porque en el momento en que cometió el crimen, Wagner debía haber estado preso por violaciones previas, pero el juez Carlos Rossi lo había beneficiado con la libertad condicional.
La decisión del juez evidenció la falta de perspectiva de género que suele marcar los fallos judiciales y que ahora deberán ser subsanados a través de capacitaciones obligatorias que realizará el Instituto Nacional de las Mujeres.
Además, el organismo hará público el cumplimiento de dichas capacitaciones, ya que los funcionarios que incumplan serán sancionados.