José González Ruiz, presidente de la Comisión Instructora, aseguró que es un atentado a la dignidad de los exbraseros el hecho de que el Estado mexicano no haya cubierto el recursos a quienes trabajaron por años en el vecino país del norte, durante los años 1942 a 1967.
Recordó que derivado de un acuerdo entre el gobierno federal de ese entonces con Estados Unidos, se estableció que más de 4.5 millones de hombres y mujeres fueran a Estados Unidos a trabajar en la construcción de vías férreas, reteniéndoles el 10 por ciento de su salario como garantía de que regresarían a México, recursos que nunca les fueron entregados.
Derivado del reclamo de los exbraceros, en 2005 a manera de compensarlos se expidió una ley que tenía como objetivo entregar 38 mil pesos a cada uno, pero sólo 240 mil pudieron registrarse para recibir este beneficio, quedando pendiente el pago a más de 3.2 millones mexicanos que aún sobreviven, generando una segunda afectación al no considerarse su derecho a recibir el apoyo.
“De los 240 mil que obtuvieron un folio se estima que para 2018 sólo se les entregó el apoyo a 204 mil extrabajadores, faltando una gran cantidad de beneficiados, cuya edad supera los 80 años. En Querétaro hay mil 300 que están para recibir el apoyo”.
Este exhorto, dijo, es para que en el ejercicio de sus facultades se asigne el presupuesto para pagar a los exmigrantes que obtuvieron su registro y son sujetos a este beneficio.
“No se puede tener saldada la deuda histórica con un apoyo económico, pero lo que hoy se apruebe les servirá de mucho y se suma a los esfuerzos para resarcir la deuda que tenemos con los ex braceros, pues debemos busca justicia y resarcir a los exbraceros para que reciban algo de lo mucho que les quitaron”.