El funcionario entregó un reporte durante su intervención en la 17° Reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa sobre la destrucción de Minas Antipersonales, que se realiza en Ginebra (Suiza), informó en Bogotá la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Desde el año 2012 hasta el año 2016 Colombia registró “una disminución significativa en el número de víctimas civiles y de fuerza pública, al pasar de 295 civiles a 37, y de 294 de la fuerza pública (militares y de policía) a 52 respectivamente, de tal forma que la disminución porcentual se refleja en un 700 por ciento”.
Sin embargo, durante el intervalo de 2017 y 2018 el comportamiento de disminución “se ha modificado, con tendencia al aumento, dado que el número de víctimas al 31 de octubre de 2017 fue de 46 y para el mismo periodo de tiempo en el 2018 fue de 113 víctimas, es decir, un aumento del 245 por ciento”.
Por otra parte, el comportamiento con relación a la afectación de víctimas civiles y de víctimas de la fuerza pública (militares y de policía), ha “venido cambiando desde el año pasado, pues la proporción de población civil afectada ha sido superior con relación a los miembros de la fuerza pública”.
Por cada tres civiles víctimas “de estas mortales trampas, estamos registrando una víctima miembro de la fuerza pública que es lesionada en cumplimiento de su deber”, subrayó el Alto Comisionado para la Paz.
Este aumento “obedece a múltiples factores propios del contexto actual por el que atraviesa Colombia como es la migración de Grupos Armados Organizados (GAO), y el surgimiento de otras estructuras delincuenciales organizadas en disputa de economías ilegales”.
La mayoría de las víctimas se presentan por la activación de estos artefactos explosivos en “las dinámicas del control por evitar la erradicación de cultivos ilícitos”, anotó el funcionario en las Naciones Unidas.
Indicó que los lugares donde “se ha presentado la accidentalidad no corresponden a zonas en las que se adelantan operaciones de Desminado Humanitario. Se trata de los territorios que aún padecen el flagelo de la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
Lograr la cobertura en los municipios que” tienen retos en seguridad es un imperativo para el Estado colombiano y una obligación con sus ciudadanos que merecen caminar libremente por sus tierras”, dijo el funcionario.
Este proceso, agregó, “requiere de todo el apoyo por parte de la comunidad internacional, en la medida en que exige la consolidación y estabilización de ciertos lugares del país en los que hacen presencia ciertos grupos armados ilegales que buscan proteger sus rentas criminales de minería ilegal y narcotráfico, entre otros”.
El gobierno de Colombia “seguirá trabajando por un país más inclusivo y equitativo, orientado a contribuir con el respeto, la dignificación, la construcción de una paz cotidiana, que promueva el apoyo a iniciativas auto sostenibles y replicables en todo el territorio nacional, en beneficio de los sobrevivientes de las víctimas (por minas antipersonales)