El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en el marco de la inauguración Foro Internacional de Jurisdicción Indígena, en el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que México adopta buenas leyes y tratados.
Sin embargo, “en los hechos no hemos sido capaces de materializar esos derechos, por eso hoy tenemos una deuda con 25 millones de mexicanos indígenas, por lo que el reto es cerrar la brecha entre lo que dicen las normas y lo que es la efectividad de su exigencia”, expuso.
González Pérez aseguró que, en la realidad, el acceso a la justicia para los pueblos indígenas presenta diversas barreras como es el dominio del idioma español, otorgar más valor a lo escrito que a la palabra, trato discriminatorio, demasiado formalismo en los tribunales, exceso de judicialización de los conflictos y cobertura territorial pobre, entre otros.
Destacó que los pueblos indígenas desconocen las leyes y procedimientos para hacer valer sus derechos ante la justicia social estatal, por lo que con la reforma constitucional de 2011, relativa a los derechos humanos se abrió un campo fundamental para la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
“Este nuevo cambio, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coloca a los juzgadores ante la necesidad de que exista interpretaciones judiciales que rebasen la visión formalista y permiten que el sistema jurídico vigente responda, desde un lenguaje de derechos, a viejos problemas de falta de acceso de los indígenas a la justicia que imparte el Estado”, subrayó.
El ombudsman nacional refirió que en la materia indígena, resulta imprescindible definir jurídicamente a quiénes les resulta aplicables los diversos y especiales estatutos indígenas, por lo que destacó que al respecto la SCJN señala que corresponde a los pueblos indígenas el derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres o tradiciones.
González Pérez concluyó con lo señalado por la SCJN en el sentido de que se deben cambiar muchas de las prácticas procesales que aún se mantienen vigentes.
Ejemplificó que es necesario que, en cooperación con las instancias competentes, se instrumentan mecanismos para eliminar prácticas de discriminación, sensibilizar y profesionalizar a los operadores del sistema judicial, en particular, defensores de oficio, intérpretes y traductores en materia de derechos indígenas.
Además, agregó, evitar la subutilización de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia indígena en las estrategias de defensa y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos, entre otras medidas.