“Ubicar y afectar el capital ilícito que los extintos grupos de autodefensas constituyeron mediante diversas actividades criminales, se convirtió en una de las principales políticas de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la reparación integral de las víctimas y la no repetición de hechos violentos contra la población civil”, señaló.
Explicó que la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía lideró “un trabajo para perseguir el patrimonio ilegal del entonces bloque centauros de las AUC, al que se sumaron otras seis entidades: Comando General de las Fuerzas Militares, Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Policía Nacional y Fondo para la Reparación de las Víctimas”.
En siete meses fue identificado y verificado “en el área lo que durante una década se convirtió en el ‘fortín’ territorial del bloque centauros, en cabeza de Miguel Arroyave y Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', donde se concertó la salida de cocaína desde los Llanos Orientales, fueron planeadas masacres y los integrantes de la agrupación recibieron entrenamiento”, añadió.
El fortín estaba conformado por 23 mil 274 hectáreas “que comprendían la unión de varios predios en el centro del departamento de Meta, en los municipios de El Dorado, San Martín y Puerto Concordia; una vasta zona que supera en área la superficie de ciudades como Bucaramanga, Barranquilla o Armenia, y desde hoy queda a disposición del Estado”.
Del total de hectáreas, 18 mil tienen características de bienes baldíos de propiedad y uso exclusivo del Estado, y habrían sido tituladas entre amigos, testaferros y familiares de los cabecillas paramilitares, fueron tecnificadas y explotadas para diferentes actividades agropecuarias.
Las otras cinco mil 274 hectáreas fueron compradas entre 1999 y 2006, traspasadas y englobadas entre sí para dar la apariencia de un solo bien, señaló la Fiscalía General, que solicitó medidas cautelares de embargo sobre cerca de dos mil de las hectáreas recuperadas.
Además tres mil 422 hectáreas más quedaron a “cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y sobre ellas hubo 10 presuntos reclamantes falsos. Las demás hectáreas están a disposición de la Agencia Nacional de Tierras”, puntualizó la Fiscalía.