Gran expectativa despertó en la población el llamado de organizaciones sociales a la "Marcha por el Fin de la Impunidad"

Santo Domingo, 18 enero (SEMlac).- Gran expectativa despertó en la población el llamado de organizaciones sociales a la “Marcha por el Fin de la Impunidad”, fijada el domingo 22 de enero, para exigir transparencia en la investigación sobre el caso de los sobornos de Odebrecht en República Dominicana, y para desmontar la estructura de corrupción e impunidad instalada por la empresa constructora brasileña y funcionarios corruptos en el Estado dominicano.

En una comunicación de prensa, SEMlac conoció que la demostración se llevará a cabo en diferentes puntos del país y que cada quien llevará una prenda de vestir u otro detalle verde, en representación de la esperanza de que “los recursos públicos sean dirigidos a la inversión social y no a las estructuras de corrupción”.

En la capital, los manifestantes llegarán hasta el Palacio Nacional, donde exigirán que “caiga quien caiga”, la justicia llegue hasta las últimas consecuencias.

Colores y luchas

No es la primera vez que se llama a convocatorias de este tipo.
En 2010 se inició en el país la campaña del Cuatro por ciento para la educación, con el objetivo de presionar al gobierno para que cumpliera la ley aprobada en 1997, la cual decretaba que el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) sería destinado a la enseñanza.
De esa fecha a 2013, más de 200 organizaciones y millones de personas se movilizaron el cuarto día de cada mes, bajo lluvias o intenso sol, vestidos de amarillo o con sombrillas de dicho color.

A finales de 2012, el gobierno dominicano anunció que ese porcentaje de su PIB se destinaría a la educación, lo cual constituyó gran victoria para una nación que solo invertía el dos por ciento en este vital sector, una de las inversiones más bajas de América Latina, con un saldo de 13 por ciento de las personas mayores de 15 años analfabetas, escuelas superpobladas y con poco personal y menores con un aprendizaje insuficiente.

La denominada “Revolución Educativa del presidente Danilo Medina” ha logrado una mayor capacitación de los docentes, permitió en una primera fase la construcción de centenares de nuevos centros educativos y estancias infantiles a nivel nacional, sobre todo en las comunidades más vulnerables, y prevé que antes de 2020 los estudiantes de las escuelas y liceos públicos se integren en jornadas escolares extendidas.

Pero el negro prevalece…

En 2016, 78 mujeres fueron asesinadas y 70 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos, de acuerdo con estadísticas a las que tuvo acceso SEMlac. La mayoría de las víctimas no supera los 35 años de edad.

Pese a décadas de constantes luchas y movilizaciones masivas de los “miércoles negros en contra de los feminicidios”, que como “epidemia nacional”, afectan a la República Dominicana, el problema de la violencia de género e intrafamiliar permanece inalterable y ni las denominadas “Diez campañas de difusión” y los planes integrales desarrollados por el Estado dominicano en los últimos años han logrado resultados.

Los feminicidios ejecutados por parejas o exparejas alcanzaron en 2015 a 77 mujeres. En medio de acciones, planes y políticas calificadas de “integrales”, iniciadas en 2007 y concluidas a finales de 2016, fueron asesinadas 967 mujeres, solo por el hecho de ser mujeres.

A raíz de ello, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer decidieron atacar de manera integral la violencia intrafamiliar con interacción de organizaciones sociales, entidades gubernamentales y organismos cooperación, y concienciar para prevenir la violencia. A dichas instituciones se unieron la Presidencia de la República, el Despacho de la Primera Dama y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Precisamente, el primer día de 2017 la prensa nacional informó que un hombre mató a su concubina a palos y se suicidó de inmediato; a este hecho le han sucedido otros siniestros crímenes, mientras diciembre se despedía con otra víctima, ultimada de un balazo, cuyos cinco hijos quedaron en la orfandad, incluida una adolescente embarazada.

Roberto Rodríguez Marchena, portavoz y director general de Comunicación del gobierno de la República Dominicana, anunciaba que se “mantendrá una campaña permanente de visibilización de los derechos de las mujeres en el país, a través de su estructura de comunicación”.
Campañas no han faltado durante lustros; la Procuraduría General de la República instauró la nombrada “Pégale a la Pared”; sin olvidar en 2010 la de “Poder y control”; o la del Ministerio de la Mujer en 2011: “A favor de una vida libre de violencia contra las mujeres e intrafamiliar en República Dominicana”.

Otra vinculó a los ministerios de la Mujer y Trabajo, y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), para la prevención y erradicación de la violencia de género e intrafamiliar; la de “Cada día menos, hasta llegar a cero”, presentada en noviembre de 2012; o la de la Alcaldía del Distrito Nacional con postes de franjas negras y fondo rosado en las principales calles y avenidas de la ciudad.

Varias se han ejecutado, como la campaña “No aguanto más” a cargo del Ministerio Público; o: “Si me quieres, no me dañes porque el maltrato contra la mujer comienza con un insulto, el cual puede ser inicio de una tragedia”, del Despacho de la Primera Dama; “El poder de tu voz”, entre tantas más, e indiscutiblemente, se ha buscado la integración de sectores, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y organismos de cooperación, con jornadas de diálogo incluidas, para escuchar a los actores del sistema de justicia.

Sin embargo, hasta la fecha República Dominicana mantiene el tercer lugar en América Latina y el Caribe con la mayor cantidad de asesinatos de mujeres, solo superado por Honduras y El Salvador, según revelan informes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La realidad es que el gobierno dominicano debe enfrentar este tema desde la cultura, la educación, las políticas públicas de salud y de justicia, y que hace falta hacer una inversión mayor para prevenir los feminicidios, porque existen raíces sociales, educativas y culturales que prevalecen en su origen.

Si en educación y otros renglones se han coloreado las protestas y algún paso se ha dado, en este capítulo el negro continúa como signo de luto. Por: Mercedes Alonso Romero