Las medidas implican la eliminación de vales de gasolina personales para todos los empleados, incluyendo a magistrados, consejeros, jueces, directores y coordinadores, excepto para el traslado de jueces foráneos y visitadores, así como de actuarios y personal judicial que realice notificaciones.
Asimismo, “no se pagarán equipos ni rentas de celulares a ningún empleado, salvo los equipos utilitarios que requieran las áreas relacionadas con la seguridad y la operatividad de la infraestructura informática e instalaciones, así como los actuarios que transmiten electrónicamente sus diligencias”, agregó.
Con el plan de austeridad del poder judicial en Nuevo León, el salario del Magistrado Presidente se homologa al del resto de los magistrados, no habrá compra de vehículos nuevos y se reducirá el actual parque vehicular, además de ordenar un análisis para proceder a reducir el gasto operativo administrativo.
“Se mantiene invariable la política institucional de no cubrir gastos de representación, y de no realizar ningún gasto por concepto de publicidad y comunicación social”, subrayó.
Indicó que “estas acciones permitirán ahorrar anualmente más de 30 millones de pesos del gasto del Poder Judicial. Estos recursos se adicionarán a los que ya se tiene previsto aplicar a programas orientados a apoyar la economía de los justiciables de escasos recursos.
Entre estos, mencionó el programa de “Módulos Judiciales” que permitirán acercar la justicia a zonas en donde viven usuarios a quienes les resulta más gravoso trasladarse a los tribunales.
Ello, para hacer consulta de expedientes, cobrar pensiones alimenticias, presentarse periódicamente al juzgado en los casos en que estén sujetos a proceso penal en libertad, o participar en otras diversas actuaciones judiciales.
Asimismo, los programas de fortalecimiento de las áreas de mediación y orientación, para incrementar su cobertura a personas de escasos recursos o en estado de vulnerabilidad.
Las medidas de austeridad en el poder judicial se suman a otras anunciadas en la presente semana por el gobierno y poder legislativo, así como por alcaldes de Nuevo León.