Arrecian protestas por decisión de penalizar el aborto

Santo Domingo, diciembre (SEMlac).- La capital dominicana amaneció este domingo 18 de diciembre con marcadas protestas ante la decisión asumida por el Senado de la República, que conoció y aprobó de urgencia el proyecto del Código Penal, manteniendo la criminalización del aborto producto de una violación sexual o incesto y por malformación incompatible con la vida, excluyendo así la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014.

Grupos de feministas e integrantes de la Asociación Nacional de Enfermería se agruparon en el parque Colón, ubicado en la Zona Colonial, desde donde avanzaron hasta el Parque Independencia, mientras demandaban a coro y con carteles donde se leía: "RD, el país de los políticos sin conciencia y curas sin alma", y "la decisión es de nosotras", que el presidente Danilo Medina no promulgue el proyecto que modifica el Código Penal, convertido en ley por el Congreso.

"Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente esta nueva afrenta a los derechos de las mujeres y niñas, no obstante el consenso logrado en 2014 por todos los sectores sociales, incluyendo la comunidad médica y científica," declararon.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entregó a SEMlac un documento en el cual reclama al Gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos firmados con el propósito de erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la ejercida de manera institucional y estructural al penalizar el aborto producto de una violación sexual o incesto o por malformación incompatible con la vida.

"Continuar con la criminalización en las circunstancias descritas representa una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, al obligárseles a llevar a término un embarazo que atenta contra su propia vida, su dignidad, o su integridad psíquica y moral", expone el texto.

"La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública, de reducción de muertes maternas, siendo irresponsable e innecesariamente postergado en perjuicio de cientos de mujeres y niñas…", amplía.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por 78 organizaciones diversas, que defienden la salud, la ley, los derechos de las mujeres, de trabajadores y trabajadoras; así como los de la población campesina, entre otras reivindicaciones.

"Exigimos al Sr. Presidente de la República asumir su compromiso con los derechos a la vida y a la salud de todas, y que observe el Código Penal aprobado que continúa impunemente facilitando feminicidios desde el Estado", resalta la organización.

Imposible soslayar…
El 5 de octubre pasado la Coalición ofreció una conferencia titulada: "Por el derecho a la vida y salud de las mujeres", en el Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde presentó datos imposibles de evadir, los cuales demuestran que el país exhibe "vergonzosamente una de las más altas tasas de mortalidad materna, asociada en importante medida a abortos clandestinos realizados en condiciones inseguras (tercera causa de muerte materna) afectando de forma especial a aquellas de escasos recursos y provenientes de sectores vulnerables".

Las cifras apuntan que por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, muy por encima del promedio regional de 77 mujeres. El alto número de abortos clandestinos, estimados en 90,000 cada año y más del 13% de muertes maternas, son practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad, las que recaen sobre todo en mujeres pobres y jóvenes.

"Estas cifras nefastas deben ser un propósito de Estado. Las jerarquías de las iglesias dominicanas no tienen nada que decir, aunque se unan en su misoginia, irónicamente, ignorando que las mujeres tenemos derecho cristiano a decidir de acuerdo a nuestra conciencia", subrayaba la exposición.

Este domingo, la comitiva informó que hará entrega de la declaración al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al ministro de la Presidencia, para su trámite inmediato al Presidente de la República.

Por Mercedes Alonso Romero
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