Crimen infantil conmueve a sociedad dominicana

Santo Domingo, julio, (Especial de SEMlac).- La violación y asesinato de una niña de cinco años por tres menores de edad, vecinos todos de la comunidad de Villa Faro, al este de esta capital, puso sobre la mesa los debates de un tema que, desde hace mucho tiempo, prima en la sociedad dominicana, acerca de la retroversión de valores y la escasa responsabilidad social y familiar en la educación y cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Familiares de la víctima han exigido justicia y, tras sepultar sus restos el pasado lunes, reclamaron a las autoridades que el hecho no quedara impune y que fueran juzgados los tres menores, quienes cuentan con 10, 13 y 16 años, como si fueran mayores de edad, debido a la crueldad y alevosía del hecho.

El cuerpo de la pequeña fue encontrado horas después de su desaparición, dentro de una funda plástica, atado de pies, manos y cuello en una casa próxima a su residencia. Los tres menores se encuentran detenidos, según parte de prensa de la Policía, que informó que fueron remitidos al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines correspondientes.

En los momentos en que se redactaban estas líneas, SEMlac supo que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente de la provincia de Santo Domingo impuso a los adolescentes de 13 y 16 años, 30 días como medida cautelar y fueron enviados a un centro de corrección para menores; en tanto que el tercero, por contar solo 10 años, fue puesto bajo supervisión, ya que no puede ser procesado, según la ley 136-03.

Ley y desprotección
La ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes plantea la responsabilidad de las autoridades cuando los menores no son atendidos correctamente, a la vez que establece en el artículo 69 que el padre y la madre son responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos.

El Estado debe garantizar ese derecho a la vida mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia, la salud y su desarrollo integral.

Pero, para nadie es noticia que la niñez dominicana se halla desprotegida y que una parte no recibe los cuidados y garantías en su integridad física y emocional como está establecido en cualquier Estado de derecho.

De los abusos sexuales a los que son sometidos se habla a diario en la prensa nacional; de pequeños que fallecen en condiciones que evidencian su vulnerabilidad y poca presencia de personas responsables de su seguridad.

En las calles y avenidas, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, se encuentran menores que trabajan hasta en las noches, en limpieza de vidrios de los vehículos o vendiendo "chucherías" y disímiles artículos.

También se les ve en grandes bodegas, donde compran cigarrillos y bebidas alcohólicas; o en la peligrosa soledad de su hogar, mientras la madre, el padre, o ambos trabajan; a veces bajo la tutela de parientes o vecinos, cuyo nulo cuidado facilita que mueran ahogados en cisternas, cubetas o canales de riego; calcinados, asfixiados dentro de vehículos por olvido de los mayores, o intoxicados con alcohol.

Testigos presenciales
Imposible valorar la situación de delincuencia infantil que enfrenta la nación, sin tener en cuenta el infierno que viven las mujeres en República Dominicana, donde en los últimos cuatro años 24.714 han sido violadas sexualmente por familiares, parejas, amigos, relacionados y desconocidos, según informe de la Procuraduría General de la República consultado por SEMlac, lo que representa la tercera causa de violencia contra la mujer en el país.

Muchas de las actuaciones antes mencionadas suceden frente a hijos e hijas, al igual que los feminicidios, que ya alcanzan la cifra de 58 mujeres muertas a manos de sus actuales o exparejas, y tras cuyas ausencias han dejado a 264 niños huérfanos a causa de la violencia machista, mientras que poco más de la mitad perdió también al padre, ya sea porque se suicidó tras cometer el crimen o porque cumple condena en la cárcel, según datos que figuran en las estadísticas de la Procuraduría General de la República, consultados por esta agencia.

En 2015, la Procuraduría recibió 6.741 denuncias por delitos sexuales, 2.642 de ellos catalogados como agresiones sexuales y 1.275 como violaciones.

Lourdes Contreras, encargada de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), subraya la necesidad de educar en la escuela y la sociedad para que puedan detectar cuando un niño, joven o adolescente están siendo abusados o expresan traumas como consecuencia de presenciar este tipo de violencia en su hogar.

Desde hace años, se debate en el país el posible recrudecimiento de las penas a menores que delinquen.

El presidente de la Pastoral Juvenil, Luis Rosario, entiende que el problema de la delincuencia en la República Dominicana no es pedir que se revise el Código del Menor para aumentar las sanciones, "sino abogar para que los padres inculquen a hijos e hijas los valores que se rigen en una sociedad, ofertar una buena educación y que las autoridades se preocupen por dar facilidades de cursos educativos e insertarlos en el mercado laboral".

Rosario dijo en un desayuno conferencia, ante los periodistas presentes el pasado 27 de marzo, que "las autoridades no deben caer en el gancho de aumentar las sanciones a los menores que cometan delitos, sino que deben darles oportunidades de estudiar, aprender cultura general, y pedir más responsabilidad de los padres hacia sus hijos, entre otros puntos".

El presidente de la Pastoral reiteró ante el Gobierno lo que significa una verdad irrevocable, en cuanto a no modificar el Código del Menor, sino multiplicar las oportunidades en el entorno de esos adolescentes, a fin de alejarlos de actitudes negativas.

Desde que van a nacer…
República Dominicana es el tercer país de América Latina con mayor índice de mortandad infantil, según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), publicado en su página Web.

Conforme el estudio, en el país mueren, cada día, 13 niños y niñas antes de los 28 días de nacidos y otros 7.000 anualmente antes de haber cumplido cinco años de edad.

El documento establece que la posibilidad de morir a esa edad de un infante pobre es el doble que la de un rico, e indica que 323.000 menores dominicanos son víctimas de trabajo infantil y seis de cada 10 sufren castigo físico o psicológico.

A ello se añade que 27 por ciento está fuera de la escuela secundaria; 175.300 que no alcanzan los cinco años no están declarados; 21,2 por ciento de niñas con edades entre 15 y 19 años han estado embarazadas; 20.558 con menos de 15 años ha tenido un hijo y el 11,7 por ciento ya se ha casado o unido antes de cumplir los 15 años.

El atroz crimen cometido contra la pequeña con la cual iniciamos estas líneas se integra al fenómeno de la violencia contra la mujer en República Dominicana, y resulta imprescindible un enfoque integral, que abarque el interior de las familias y vislumbre los problemas que afectan, socialmente, a un porcentaje elevado de niñas, niños y adolescentes, insisten especialistas.

Por su prevalencia y secuelas, la violencia ha sido considerada como un problema de alto interés en la defensa de los derechos humanos.

Un gran responsabilidad recae en instituciones y ministerios, sobre todo el de Educación, el cual debe concluir el proceso de consultas con especialistas nacionales e internacionales sobre las mejores prácticas de la enseñanza de la educación integral de la sexualidad en las escuelas públicas, proceso que lleva más de dos años en curso.

Se precisan mejores prácticas en la enseñanza de la educación integral de la sexualidad en las aulas y programas que orienten desde temprana edad y beneficien a estudiantes, familias y la sociedad dominicana en su conjunto.

También, que la Comisión Especial del Senado de la República, que estudia el proyecto de ley de paternidad responsable, establezca de una vez que las madres solteras, que son más del 80 por ciento, logren a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y obligatorio el registro del padre de sus hijas o hijos en sus actas de nacimientos y, por consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones de manutención, asistencia y protección; o, en su defecto, que puedan ser demandados judicialmente, lo cual hoy no ocurre, tal y como plantea el documento.

"La lucha contra la violencia a niños, niñas y adolescentes es un gran desafío para la sociedad, porque se trata de un fenómeno complejo y de difícil manejo que subyace en hábitos culturales arraigados en patrones de crianza, donde la permisividad y la tolerancia en el uso de la violencia física y emocional son los métodos de disciplina más recurrentes", afirmó Alberto Padilla, encargado del departamento de Políticas, Normas y Reglamentos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en entrevista publicada en el diario Hoy, el pasado 29 de febrero. Por: Mercedes Alonso