Nueve años de camino tortuoso para activar AVG en estados

Cimacnoticias | México, DF.- 08/03/2016-. Cada día siete mujeres y niñas son asesinadas en México; todos, crímenes evitables si los gobiernos federal y estatales aceptaran activar la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo de emergencia creado hace nueve años para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, pero que se ha vuelto inoperante por el estire y afloja de los políticos.

Y es que el laberintico y tortuoso camino para lograr que la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activen la AVG, deriva en el recrudecimiento de la violencia feminicida, que según datos oficiales pasó de cuatro a siete mujeres asesinadas cada día en tan sólo una década.

Concebida desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (promulgada en 2007) como un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres, la alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.

Para salvar la vida de las mexicanas, desde 2010 en 15 estados del país, activistas solicitaron la activación de la AVG, pero hasta ahora –seis años después– sólo se ha logrado en tres entidades y en algunos municipios.

En 2009, el Centro Las Libres de Guanajuato hizo una petición de AVG pero no por feminicidio, sino por “agravio comparado” (cuando una legislación atenta contra los Derechos Humanos de las mujeres), luego de que en esa entidad se aprobó una reforma a la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, lo que –a decir de la organización– agraviaba los derechos reproductivos de las guanajuatenses.

Los primeros intentos para implementar la AVG sacaron a flote las trabas burocráticas. En su momento, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Inmujeres, reconoció que el trámite para decretar la alerta –por medio de la votación de 32 instancias estatales de la Mujer y nueve secretarías de Estado, entre otras instancias federales– era “burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos”.

La justificación oficial sobre la falta de reglas claras para aplicar la AVG desató un cabildeo que duró dos años para reformar el Reglamento de la Ley General, y modificar el procedimiento, así como los plazos de la declaratoria, supuestamente con el fin de hacerla efectiva.

La realidad es que hoy sólo se ha implementado en 27 municipios de tres estados: en 11 de un de un total de 125 municipios mexiquenses; en ocho de 33 en Morelos, y en ocho de 125 municipios de Jalisco, bajo el argumento de la “focalización del feminicidio”.

OBSTÁCULOS
Lograr la declaración de la AVG no ha sido un proceso fácil. Desde la primera petición de Las Libres en 2009, la tarea titánica ha sido derribar obstáculos.

Antes de las reformas de 2013 al Reglamento de la Ley General, el primer procedimiento exigía que cada petición se sometiera a votación. Así, con la negativa de las instancias de gobierno no se declaró la alerta en ninguna entidad.

Con la modificación de ese año, ahora las reglas dicen que los grupos civiles que pidan la AVG deben señalar la presunción de violencia, o una ley o norma que provoque desigualdad o discriminación hacia las mujeres, y es tarea de las instituciones crear grupos de personas de la Academia y funcionarias que verifiquen la denuncia, y determinar si procede la petición.

Pese a contar con estudios nacionales e internacionales –retomados y divulgados por las organizaciones ciudadanas–, las autoridades insisten en comprobar los datos aun cuando ellas mismas han documentado la violencia feminicida.

Un ejemplo es el estudio “Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios 1985-2009”, realizado por el Inmujeres, ONU-Mujeres y la Cámara de Diputados, el cual reveló que entre 1985 y 2009 fueron asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país.

Ese dato, obtenido de información oficial, arroja que en 24 años, cada día –en promedio– fueron asesinadas cinco mujeres, la mayoría de manera brutal y sin que los crímenes fueran castigados.

Una evidencia más del incremento de asesinatos se documentó en 2006 cuando la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados publicó el estudio “Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana”, que determinó que en 2004 fueron asesinadas mil 205 mujeres.

La conclusión fue contundente: “En México hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia”.

Y la violencia extrema contra las mujeres va en aumento: si bien para 2004 se asesinaba a cuatro mujeres al día; para 2014 la cifra llegó a siete casos de feminicidio cada 24 horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al transcurrir de los años, ese conjunto de acciones diseñadas para actuar de inmediato ante una contingencia feminicida sólo se ha aplicado en tres entidades. En todas, la AVG se activó por presiones ciudadanas y políticas, más que por el interés de los gobernantes para salvar la vida de mujeres y niñas, señalaron las organizaciones civiles.

Así, la declaratoria de alerta en el Estado de México se dio tras un largo proceso judicial de cinco años, tiempo en el que pasó a último término la protección de la vida de las mexiquenses con tal de no afectar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien ya aspiraba a la Presidencia de la República.

En el caso de Morelos, la activación respondió al desinterés del propio gobierno local y de su Instituto de las Mujeres, que incluso aseguraron que ya habían realizado acciones a favor de las morelenses cuando en realidad no tenían avances, lo que orilló a que la Segob, Conavim y el Inmujeres dieran paso a la AVG.

Jalisco, por otra parte, fue un caso singular, pues antes de que el movimiento feminista denunciara el feminicidio en la entidad ante las instancias federales, fue el propio Ejecutivo estatal el que optó por mostrar (aunque aún sin resultados) “un compromiso” por los derechos de las mujeres.

EDOMEX
En cinco años, de 2005 a 2010 –con Peña Nieto en la gubernatura–, los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922 en la entidad. Las agrupaciones civiles contaron entonces que los cuerpos eran abandonados en la vía pública, que las mujeres eran apuñaladas, asfixiadas, quemadas o que presentaban huellas de golpes y hasta de torturas. Estas historias –como sigue ocurriendo hoy– no llegaron a los tribunales de justicia.

Con ese panorama, en 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) demandaron la AVG en la entidad.

Pero la solicitud fue negada y funcionarios estatales, como la ahora presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, y el entonces procurador Alfredo Castillo Cervantes, dieron todo tipo de argumentos, desde que “era un golpe político” para Peña Nieto, que “no eran tantos crímenes” si se tomaba en cuenta el total de la población mexiquense, hasta que allí no mataban a las mujeres, “sólo arrojaban sus cadáveres”. Por: Anayeli García Martínez