“La idea es que todos los trabajadores del estado tengan el acceso al crédito, que es de forma sencilla, los horario son muy amplios y es totalmente gratuito para el patrón; queremos que los más de 478 mil trabajadores formales del Estado de Querétaro, tengan acceso a un crédito con condiciones benéficas”, expresó.
El FONACOT es una prestación de seguridad social obligatoria para todos los trabajadores desde la Reforma Laboral que entró en vigor en diciembre de 2013, por lo que se exige el cumplimiento.
Gaspar Ramón Trueba Moncada, encargado de despacho de la Delegación Federal del Trabajo en Querétaro, indicó que durante este mes de marzo se realizarán inspecciones para exigir el cumplimiento de este crédito.
"Estaremos trabajando en conjunto con el FONACOT para realizar más de 100 visitas de inspección en este mes, posteriormente seguiremos con este operativo que por parte de la Secretaria Federal del Trabajo se revisa que estén dados de alta en el FONACOT, no solamente en etapa inicial", argumentó.
El representante de la STPS señaló que de enero a la fecha se han detectado 3 empresas con incumplimiento de prestación; sin embargo desde diciembre de 2013 suman ya 43 empresas sancionadas directamente con un monto promedio aproximado de 2 mil 500 salarios mínimos, principalmente en empresas del sector automotriz y de transformación.
“Para determinar la sanción tomamos diferentes factores, entre ellos el número de agremiados que pudiera tener, también la afectación que pudieran estar generando y la mayoría de las empresas son del sector automotriz y de transformación, no es porque sea un gremio que se dedique a incumplir, sino que son de las que más hay en Querétaro”, explicó.
Trueba Moncada recalcó que al momento de realizar una inspección se le proporcionará al patrón la oportunidad de que se inscriba vía electrónica y si se niega entonces se aplicaría una sanción inmediata y se iniciará el proceso administrativo sancionador donde las multas van desde los 50 hasta 5 mil salarios mínimos, que representa en su monto máximo 322 mil pesos por incumplimiento.