Los legisladores solicitaron a la titular de la PGR, Arely Gómez González, intervenir en las investigaciones de la red de tráfico de menores que operaba, al parecer, en colusión con funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en esa entidad y proceder contra quienes resulten responsables.
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sylvana Beltrones Sánchez, indicó al exponer el punto de acuerdo ante el pleno que los delitos que se han cometido en este caso son federales tales como trata de personas y delincuencia organizada.
Tambíén tráfico de personas, cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros que tendrá que determinar la autoridad.
En el dictamen aprobado, la Cámara de Diputados también pidió a la CNDH iniciar una investigación por violaciones graves a los derechos humanos, reparación del daño causado a las víctimas, y garantizar la no repetición de hechos de ese tipo en el país.
La legisladora priista explicó que la solicitud a la CNDH se sustenta en el Artículo 102 de la Constitución y se fundamenta porque el caso trasciende el interés nacional.
En tribuna, Beltrones Sánchez indicó que el caso “exige, a nuestro parecer, una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia”.
“Al parecer no vela por la pulcritud jurídica cuando existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales”, indicó.
Por la gravedad de los delitos que se presumen, enfatizó, se considera urgente y necesaria la intervención de autoridades federales, ya que el modus operandi de esta red corresponde a la tipificación de ilícitos del crimen organizado.
De acuerdo con la priista, “estamos frente a un posible caso de trata de personas, ya que no sabemos de qué medios se valían estos indiciados para hacer que la madres biológicas entregaran a sus hijos”.
En el punto de acuerdo también se exhorta al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, aplicar exámenes de confianza a servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos que desempeñan actividades vinculadas con la protección y custodia de menores.
El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Jesús Sesma Suárez, comentó que “no hay cosa más irresponsable, inmoral y más absurda que defender la venta de un niño en nuestro país”. Eso “se llama defender la trata de personas”, dijo.
El caso de Sonora, aseveró, no puede quedar impune, sobre todo cuando a pesar de que fueron detenidos 16 presuntos responsables, dos de ellos confesaron haber participado en 13 actos de venta de niños y fueron absueltos. “El procurador de Sonora es y será juzgado por esta sociedad, por este Congreso, por su falta de pulcritud”, aseguró.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karen Hurtado Arana, se pronunció a favor del punto de acuerdo y manifestó su preocupación en torno a que diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora están involucrados en una red de tráfico ilegal de menores.
Si los padres adoptivos aceptaron la comisión de un delito, deben ser investigados de igual manera. Consideró que la Procuraduría General de Justicia estatal debe actuar imparcialmente y procesar a todos aquellos que resulten implicados.
La panista Leticia Amparano Gámez aseguró que fue la Procuraduría de Justicia de Sonora la que denunció, con nombres y apellidos, a los involucrados de esos hechos y combate el tráfico de menores, lo que a su parecer no ocurre en otras entidades.
Indicó que en México existen 40 mil niños desaparecidos y tres mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio.
El tráfico de niños y personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa 32 millones de dólares anuales, añadió la legisladora.
Refirió que es de todos conocido que en México las entidades donde desaparecen el mayor número de menores son Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Colima, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y el Distrito Federal.
“Incluso no puede dejarse de lado que el Estado de México lidera los índices de secuestro de menores; cinco mil 400 niños desaparecidos en los últimos tres años”, enfatizó.
También la diputada Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, indicó que es indignante que aprovechando su posición y en calidad de servidores públicos, algunas autoridades de Sonora hayan traicionado y violentado los principios que juraron defender al tomar su cargo.
La diputada de Encuentro Social, Norma Edith Martínez Guzmán, se pronunció por la aplicación de la ley con firmeza, más aun cuando se trata de cuestiones que incluyen salvaguardar la protección de la familia y el interés superior del niño.
De Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez planteó que a través de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se cambie la realidad de millones de ellos en el país, particularmente en lo que toca al tema del tráfico de menores.
Irma Rebeca López López, legisladora de Morena, destacó que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) documentó que el tráfico de niños y adolescentes es resultado de factores socioeconómicos, pero también de aspectos políticos, culturales y legales.
Pidió al gobierno federal poner atención a ese problema y asumirlo como una prioridad para el país.