Ciudad de México, 2 marzo 15 (SEMlac).- El mecanismo de emergencia ante casos de feminicidio en un territorio determinado, conocido como Alerta de Violencia de Género (AVG), no se ha logrado poner en marcha en los estados mexicanos cuando se solicitó su activación, debido a que las autoridades no consideran la violencia contra las mujeres como un problema humanitario que se deba detener, señalaron académicas e investigadoras.

Durante el foro “Violencia feminicida y Alerta de Violencia de Género” organizado por el grupo de Académicas en Acción Crítica Permanente, realizado el pasado 29 de enero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas lamentaron que la alerta no ha sido aplicada en las entidades donde incluso las propias autoridades han registrado una alta incidencia de la violencia de género.

Hasta hoy, en México se han hecho ocho solicitudes para emitir la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, Chiapas y Nuevo León, Morelos, Guanajuato, Colima, Michoacán y Baja California. En todos los casos, la respuesta de las autoridades ha sido nula.

Al respecto, Lucía Melgar Palacios, investigadora en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuestionó que en las solicitudes para Colima y Michoacán no se estén tomando las medidas necesarias a fin de formar un grupo de trabajo con las personas indicadas con el objetivo de investigar debidamente la violencia en estas entidades.

Por otra parte, la especialista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Mariana Berlanga dijo que ahora México sufre las consecuencias de no haber puesto freno a la violencia contra las mujeres que comenzó a documentarse en los años 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que llamó la atención de la comunidad internacional.

“Vivimos una misoginia institucional y la resistencia a las Alertas de Violencia de Género es parte de ello y es la forma de decir que esos temas no importan”, criticó.

La alerta de violencia de género es un instrumento que permite la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y de integrantes de la academia, para hacer visible la responsabilidad de la Federación, los Estados y los municipios, y realizar acciones encaminadas a enfrentar la violencia feminicida mediante políticas públicas.

Su objetivo, según lo publicado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y su reglamento, es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Sin embargo, desde 2007 a pesar del aumento en los casos de violencia de género, ha sido prácticamente imposible lograr que se declarara esta alerta en alguna entidad. Las diversas peticiones que hicieron organizaciones sociales para los casos de Guanajuato, Estado de México y Oaxaca, entre otros, fueron negadas o desechadas sin que hubiera siquiera una investigación.

Esto se debió en parte a deficiencias de procedimiento en el diseño del mecanismo, a resistencias de las instituciones encargadas de su funcionamiento y a la politización de la propia figura de la alerta de violencia de género, ya que en vez de verla como instrumento para resolver un problema, las autoridades estatales y federales tienden a entenderla como un forma de estigmatizar a un estado.

Sin embargo, las reformas al reglamento (RLGAMVL) en los años 2011, 2013 y 2014, han permitido que, además de funcionarias y funcionarios, sean integrantes de la academia quienes participen en la investigación de la procedencia de la declaratoria de AVG, emitan recomendaciones y, en su caso, determinen la procedencia o no de este mecanismo.

Finalmente las especialistas hicieron un llamado para que no se deje de lado la exigencia de que el Estado reconozca su responsabilidad y cumpla con el mandato de la Constitución de garantizar la efectiva protección de los derechos de las mujeres.Por Gabriela Ramírez.