Sí, aunque no lo parezca, dentro de poco se cumplirán los primeros 10 años de la entrada en vigor en España de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La próxima semana conmemoraremos, un año más, el 25 de noviembre, fecha que como sabemos desde el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU declaró como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, e invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y grupos civiles a que organizaran ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia de género.
Según datos de la propia ONU, hasta un 70 por ciento de mujeres sufrimos violencia a lo largo de la vida. Además de ser este tipo de agresión un atentado contra los Derechos Humanos.
Pero volvamos a casa y a nuestra Ley Orgánica 1/2004. Una ley novedosa en su momento y sobre todo muy avanzada que en su exposición de motivos ya dejaba muy claro que la violencia de género no era, para nada, un fenómeno privado y por tanto, al ser público, se convertía en político.
También reconoce que este tipo de violencia se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo, “por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
También y a renglón seguido vincula a todos los poderes públicos a legislar para hacer cumplir el artículo 15 de la Constitución española, que reconoce “el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Que nadie se asuste que no voy a desgranar todo su articulado, pero no quiero dejar pasar los puntos uno y tres de su artículo primero que dicen:
“Punto 1: La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”
En este punto se define quiénes son las víctimas y quienes los victimarios, y aunque es cierto que dejó fuera otros tipos de relaciones como las relaciones entre personas del mismo sexo, puso el acento en quienes ejercen habitualmente el poder dentro de las relaciones heterosexuales, denunciando de ese modo al patriarcado que sigue impregnando todos los aspectos de nuestra vida, incluso los aspectos más íntimos.
“Punto 3: La violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”
Y precisamente quería remarcar este punto puesto que la ley, en concordancia con la ONU y otros organismos internacionales, da un paso adelante especificando que no sólo la violencia física tiene consideración de violencia, sino que va más allá y refleja que son conductas punibles la violencia psicológica, amenazas, etcétera, que hasta ese momento quedaban fuera por dejar pocas pruebas o rastros.
La sensibilización y la prevención son dos de los pilares fundamentales en los que se insiste en la norma. Pero vemos que esta estafa llamada crisis, así como la falta de interés de nuestro desgobierno actual se ha llevado por delante estos dos imprescindibles pilares pese a las casi 60 mujeres asesinadas por este terrorismo machista (para mí es un tipo de terrorismo, se pongan como se pongan algunas voces).
Y por lo visto para esta gentuza las vidas de las mujeres siguen siendo vidas de segunda clase.
Esta ley no gustó al patriarcado que se encargó de cuestionarla de forma permanente e incluso en estos momentos existen algunas personas dentro de la judicatura que la siguen criticando, y buscan no aplicarla para así dictar sentencias más acordes con su pensamiento reaccionario machista y hasta misógino.
No gusta nada que la voz de la mujer tenga la misma importancia que la del hombre, y por tanto se vuelve a cuestionar poniendo en duda la veracidad de sus exposiciones.
No gustan las cifras de denuncias interpuestas por mujeres que han sufrido malos tratos, y por eso se cuestionan y aparece el mito de las denuncias falsas que justifican al maltratador.
Y, pese a que el propio Consejo General del Poder Judicial lo ha desmentido en reiteradas ocasiones, hay mucho moderno neomachista que se empeña en cuestionar las voces de alarma de mujeres que sufren cada día.
Los silencios de quienes no condenan los asesinatos de mujeres amparados en sus faldas largas y negras y que desde los confesionarios y los púlpitos animan a “aguantar con resignación cristiana lo que Dios nos manda”, no hacen más que mirar hacia otra parte y seguir manteniendo esquemas asimétricos en las relaciones de pareja, al tiempo que fomentar que el dolor y el sufrimiento nos abrirán puertas en el más allá. Terrible, pero cierto.
Las voces presuntamente autorizadas de alguna gente de los frufrús que denuncian que esta ley favorece a las mujeres y deja indefensos a los hombres, son capaces de aplicar sentencias con base en un síndrome inexistente llamado de Alienación Parental (SAP), y que no reconoce ninguna instancia ni organización médica y que fue rechazado por la Organización Mundial de la Salud y asociaciones de psiquiatría y psicología de EU y España, con tal de continuar criminalizando a las mujeres y culparlas de la situación familiar después del divorcio o separación.
El SAP utiliza frases del tipo: “Los meros indicios de maltrato no pueden servir de elemento para impedir la custodia paterna, además de que los hechos se refieren a la progenitora, pero en ningún momento a las menores, respecto de las cuales no existe prueba alguna de que no hayan sido bien tratadas por su progenitor”.
Hemos de tener en cuenta en este caso, que es real, que las menores de edad manifestaron no querer estar con su padre porque habían visto y vivido cómo él le pegaba e insultaba a la madre, y por estos hechos el fiscal pide seis años de prisión.
Pero el juez pasó este “detalle” por alto y retiró la custodia a la madre con base en el famoso e inexistente SAP. Pero el poder del frufrú es lo que tiene, que puede decidir sobre vidas ajenas basándose en principios o convicciones privadas.
Así las cosas, creo que la Ley Orgánica 1/2004, como tantas otras, es manifiestamente mejorable, pero más necesaria que nunca y en sus 10 años de vida ha puesto muy nerviosos a los máximos representantes del patriarcado, puesto que, pese a su casi omnímodo poder se les ha colado la denuncia sistemática de cada asesinato machista.
Además el hecho de que esas denuncias sean públicas y en la calle les hace reflexionar sobre la modificación que la opinión pública tiene sobre estos hechos y, a veces, sólo a veces hablan con fundamento.
Que la ley es mejorable lo sabemos desde el primer día, pero lo son muchas de las leyes que conforman nuestro sistema jurídico y nadie se rasga las vestiduras por ello. Sencillamente se van modificando a medida que la sociedad las demanda o el Legislativo lo considera necesario o aprovecha el rodillo de mayorías absolutas para legislar a favor de sus intereses públicos o privados, confesables e incluso en ocasiones inconfesables.
Los derechos de las mujeres víctimas; las tutelas efectivas; los protocolos a los que alude la ley; la creación de los (todavía pocos) juzgados de violencia contra las mujeres; el esfuerzo que se hizo en los primeros años en formar a los agentes implicados como fuerzas de seguridad del Estado, jueces, fiscales; el reconocimiento de derechos laborales a las trabajadoras víctimas de este terrorismo; el reconocimiento de la violencia en ámbitos laborales; las medidas transversales que implican a toda la sociedad; el enfoque integral y multidisciplinar comenzando por la socialización y la educación, hacen de esta ley no sólo necesaria, sino imprescindible (y mejorable) hoy en día en nuestra sociedad.
Diez años después de su aprobación sigue faltando compromiso político y jurídico con ella. De lo contrario no se hubieran dictado algunas sentencias ni se hubieran producido recortes en esta materia. Diez años después de su aprobación la sociedad cambiante sigue necesitando profundizar en ella para evitar las casi 60 mujeres asesinadas este año.
Los neomachistas aparecen, dictan sentencias y producen recortes. Las feministas denunciamos y visibilizamos su falta de implicación y compromiso con la protección de la vida de las mujeres, y exigimos justicia para cada uno de los actos terroristas que el machismo sigue produciendo.
Tolerancia cero contra el terrorismo machista sea del tipo que sea. El machismo sigue matando. El feminismo denuncia esos asesinatos. Ese compromiso adquirido hace muchos años no sólo sigue vivo como el primer día, sino que además aumenta con el paso de los años. Ahí estoy y estaré.