México: Paridad electoral restringida por la violencia de género

Ciudad de México, julio (SEMlac).- Mujeres políticas se preparan para medir fuerzas al interior de sus partidos políticos y ver la voluntad de sus dirigentes a respetar la paridad electoral recién decretada en México.

Dirigentes políticos, autoridades electorales y expertas latinoamericanas discutieron los días 9 y 10 de junio pasados, cómo asegurar la participación femenina en condiciones de igualdad en las listas para las elecciones intermedias en México, para 2015.

El proceso electoral arranca la primera semana de julio y en él se renovarán los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se elegirán nueve gobernadores, 661 diputados locales y 1.015 ayuntamientos en 17 entidades federativas.

Lo preocupante es que solo 13 de las 31 entidades han iniciado los cambios en sus leyes electorales y, en muchos casos, no han considerado la paridad. Si no lo hacen 90 días antes de que salgan las convocatorias, estarán en desacato, dijo a SEMlac el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.

El jueves pasado, en Zacatecas, un grupo plural de mujeres “tuvimos que presionar para que en la iniciativa, que apenas se discute, se incluya la participación 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres”, explicó María Elena Ortega, del Partido de la Revolución Democrática, en entrevista con SEMlac. Y esto se repite en muchas entidades.

Además, el proceso electoral discurre en un ambiente en el que prevalecen prácticas de acoso político y hostilidad contra las aspirantes.

La violencia que se ejerce en el ámbito político contra las mujeres alcanza a cada municipio y a las 32 entidades de México, lo cual propició que autoridades electorales, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y legisladoras de todos los partidos políticos iniciaran una discusión para lograr un acuerdo o pacto y trabajar juntas con una sola estrategia, para que se hagan las reformas donde no se han hecho y se cumpla con el mandato federal.

La práctica de la violencia es común a todos los partidos políticos y también se reafirma o consiente en los medios de comunicación, muchas comunidades en cada lugar de México, incluso la familia de las mujeres que deciden participar en política, narró la senadora Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado y dirigente femenil del partido en el poder.

Explicó que a muchas candidatas se las ubica en las zonas con poca posibilidad de ganar, se las dota de escasos presupuestos para sus campañas, sufren de déficit de capacitación y profesionalización, viven persecución de su vida personal, entre otras muchas prácticas que las ponen en desventaja frente a los hombres políticos.

La discusión se dio en un seminario organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), denominado “Violencia política, parlamento y género”, celebrado los días 9 y 10 de este mes.

La idea fue discutir estrategias para poner fin a la violencia contra las mujeres en la política, dentro de los partidos y, a veces, de cara a las instituciones electorales. Participaron autoridades y legisladoras de todos los partidos políticos.

“Hoy México se abre a un diálogo franco en la materia y fomenta la discusión”, expresó en su intervención Lorena Cruz Sánchez, titular de Inmujeres, al iniciar el encuentro y agregó: “Así podemos avanzar”, sobre todo haciendo visible el problema, discutir su prevención y encontrar mecanismo de sanción efectivos.

Afirmó que es tiempo de “engarzar eficaz y estratégicamente la labor de Inmujeres, del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral” para permitir que las mujeres fortalezcan su presencia en todos los procesos democráticos nacionales.

Cruz Sánchez dijo que los partidos políticos no se pueden quedar atrás en la marcha del país hacia la igualdad sustantiva. “Se necesita que revisen y adapten, con visión de género, sus estatutos y su normatividad”, dijo.

Recordó que la reforma político-electoral de 2014 y su legislación secundaria establecen las normas específicas para que partidos y autoridades electorales protejan los derechos políticos de las mujeres y a quienes buscan acceder a un puesto de elección popular.

Esa reforma establece la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas para renovar las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, únicamente, y aunque obligan a los estados, el pacto federal impide forzarlos.

De de los 17 estados que tendrán elecciones el próximo año, siete han aprobado la paridad en su legislación local. Los partidos se resisten, como quedó establecido en una segunda reunión, solo en Zacatecas, el 26 de junio.

Con la reforma electoral federal, las 32 entidades del país están obligadas reformar sus respectivas leyes. No lo hicieron, el plazo se vence la primera semana de julio, porque la ley prohíbe cambios cuando se ha iniciado el proceso.

En su intervención, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Gastélum lamentó que para las elecciones estatales de 2015 no exista ley que garantice la paridad de género en las candidaturas a gobernadores. Actualmente no hay una sola mujer gobernadora.

En 2015 se renovarán nueve gubernaturas y en las candidaturas que ya comienzan a despuntar hay visibles precandidatas, como en Nuevo León, donde el PRI habla de las senadoras Cristina Díaz, Ivonne Álvarez y Marcela Guerra.

Para competir a la gubernatura de Sonora, el PRI está contemplando a los senadores Ernesto Gándara Comou y a Claudia Pavlovich. El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, está considerando a la senadora Sonia Mendoza. El resto de los partidos sólo tienen contemplados hombres.

Diva Gastélum dijo que en Latinoamérica la participación política de las mujeres es de 25,2 por ciento en la representación legislativa, seguida de Europa con 24,6 por ciento, incluyendo a los países nórdicos.

Agregó que México se encuentra entre las naciones con mayor participación de mujeres en las cámaras, tanto como Cuba, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y Argentina. “Las últimas cifras en México son históricas: 37,4 por ciento en Cámara de Diputados y 35 en el Senado de la República”, destacó.

Avergüenza que en México no haya gobernadoras y que solo el siete por ciento de los municipios sea gobernado por mujeres, pese a la existencia de seis presidentas en el continente americano y el avance significativo en los parlamentos, lo que atribuyó a la violencia política que sufren las mujeres en los partidos políticos y en la sociedad. Esto, dijo, representa un serio obstáculo para su empoderamiento.

Precisó que el primer “atorón y tapón” se ubica en el poder local: estados y municipios, donde el conservadurismo llega a la sociedad. En el seminario se acordó activar diversos mecanismos para garantizar la presencia de las mujeres en las próximas elecciones.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado José Alejandro Luna Ramos, se comprometió a impulsar justicia electoral con enfoque de género para avanzar en una democracia igualitaria. Reconoció que la presencia de las mujeres en la política está lejos de gozar de igualdad sustantiva y efectiva por múltiples obstáculos estructurales y configuraciones culturales.

A su vez, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, también se comprometió a no dar un paso atrás en el cumplimiento de la ley electoral en materia de paridad de género.

Explicó que la escasa participación de las mujeres en la vida pública no se corresponde con las reformas legales, las prácticas institucionales y las políticas de igualdad que se han instrumentado en los últimos años.

El reto, dijo, es que las disposiciones legales que garantizan la paridad de género dejen de ser una imposición de las autoridades y de las leyes para convertirse en una práctica cotidiana por parte de los actores políticos, servidores públicos, empresarios y ciudadanos en general.

La magistrada de la Sala Superior del TEPJF, María del Carmen Alanis Figueroa, propuso armar un catálogo de conceptualización de la violencia que permita detectar posibles prácticas que obstaculicen la participación de las mujeres en la vida pública.

Presentó, además, una serie de estrategias para combatir la violencia política que inhibe a las mujeres, entre las que incluyó la adopción de normas, la utilización de líneas de ayuda, la asociabilidad entre mujeres electas y la justicia electoral.

La magistrada dio cuenta de varios casos en los que el TEPJF ha protegido los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo asuntos que involucran violaciones a los principios constitucionales en las comunidades indígenas, en los cuales se han revertido prácticas de acoso o situaciones de discriminación y abuso.

En el seminario, se puso en claro que urge legislar la paridad en las candidaturas para los congresos locales y presidencias municipales, ya que la reciente modificación al artículo 41 constitucional la paridad sólo se garantiza en las candidaturas al Senado y Cámara de diputados del Congreso de la Unión.

A su vez, el magistrado del TEPJF, Salvador Nava Gomar, manifestó que el tema de mujeres no es únicamente de ellas, y anunció que ese tribunal seguirá tomando medidas legales y reconoció que falta mucho por hacer.

En el seminario intervinieron también Mónica Novillo, representante de Bolivia; Dina Miloslavich Túpac, de Perú, y Otilia Lux de Coti, de Guatemala, quienes compartieron sus experiencias y los retos que han enfrentado para ocupar un espacio en la vida política de sus países.

Compartieron sus experiencias de violencia política, y sus valoraciones y lecciones fueron muy parecidas a los casos por los que han atravesado políticas mexicanas.

Por Gloria Analco y Sara Lovera
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