Monterrey, 22 nov 13 (Cimacnoticias).- La capital del estado de Nuevo León (NL), lugar de paso o de residencia para población migrante interna o del extranjero, se caracteriza por su hostilidad y violencia contra las mujeres en tránsito hacia Estados Unidos o que buscan mejores condiciones de vida fuera de las comunidades indígenas.
A decir de defensoras de Derechos Humanos (DH) e investigadoras, la discriminación y el acoso contra las mujeres migrantes –ya sean centroamericanas o indígenas– es “pan de cada día” en la ciudad de Monterrey, lugar donde las autoridades no brindan apoyo alguno a los albergues y carecen de políticas de atención a este grupo poblacional.
Maricela Hernández, politóloga y colaboradora del albergue de migrantes Casa Nicolás –que opera en esta capital– puso como ejemplo que la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en NL se enfoca totalmente en tareas de control y no presta ningún tipo de apoyo social a esta población vulnerable.
La defensora relató que este año realizó un sondeo entre siete mujeres que vivieron en la Casa Nicolás y que dieron cuenta de los tipos de violencia que padecieron durante su estancia en la ciudad norteña.
Según el estudio, María –una hondureña procedente de la ciudad de Copán, de 25 años y madre de cuatro hijos– contó el intento de violación del que fue víctima en una fábrica de Monterrey.
Y es que, destacó la defensora, el abuso sexual es una de las principales formas de violencia que padecen las mujeres migrantes en su camino hacia EU.
En otro testimonio, Maritza, hondureña de 28 años y procedente de San Pedro Sula, dijo que conciente de los riesgos ante una eventual agresión sexual durante el trayecto por la ruta migrante, ella siempre lleva condones masculinos como medida de protección ante cualquier infección de transmisión sexual.
LABOR SIN APOYOS
Durante 2012 Casa Nicolás recibió a 12 mujeres, en su mayoría hondureñas. La proporción es de dos por cada 10 hombres, pero no existe una estadística confiable sobre cuántas mujeres transitan por Monterrey en su camino a EU.
“El albergue no trabaja en conjunto ni recibe apoyo de ninguna índole por parte de autoridades de ningún orden de gobierno, pues al menos en Nuevo León el denominador común es la ausencia de acciones a favor de la promoción y protección de los DH de las personas migrantes y de sus defensoras”, advirtió Maricela Hernández.
Monterrey es también el segundo destino nacional de migración interna, encabezada por integrantes de comunidades indígenas procedentes en su mayoría de las tres huastecas (potosina, tamaulipeca y veracruzana).
El último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística mostró que en NL viven 42 mil hablantes de lenguas originarias, de los cuales un 52 por ciento son mujeres.
Séverine Durin, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas) Noreste, señaló que 22.48 por ciento de las y los indígenas económicamente activos se dedican al servicio doméstico y un 80 por ciento son mujeres.
De este grupo, un 12 por ciento vive en las casas donde trabajan, residencias ubicadas en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Guadalupe.
El primer problema al que se enfrentan es el desconocimiento de los usos y costumbres, así como las necesidades de un hogar en la ciudad, lo que se traduce en la primera confrontación y maltrato por parte de sus jefes.
Estas situaciones perpetúan el estereotipo de que las mujeres, especialmente las de origen indígena “no saben hacer nada”, por lo que la primera parada de estas migrantes en el área metropolitana de Monterrey es la discriminación.
El trabajo puertas adentro puede brindar la oportunidad de la seguridad de una casa y alimentación, pero también se presta a la explotación laboral, explicó Durin.
“Hay patrones que una vez que las jóvenes terminan sus labores en casa, las llevan a los negocios o casas de sus hijas; o bien quedan en una percepción salarial a la que después les descuentan una parte por concepto de alimentos o habitación”, agregó.
En la calle, el abuso de autoridad es el principal conflicto, debido a que las y los indígenas acostumbran ciertos nichos de reunión como la Alameda Central Mariano Escobedo o la Macroplaza, donde sufren agresiones por parte de policías, taxistas y prestadores de servicios.