Montevideo, agosto (SEMlac).- En un hecho calificado de “histórico” por la sociedad civil organizada, se votó en Montevideo el 15 de agosto el I Consenso Regional en materia de población y desarrollo.

Entre otros, el documento reconoce los derechos sexuales como derechos humanos, independientemente de los reproductivos, además de comprometerse a la atención integral frente al embarazo no deseado.

La elección del lugar de la conferencia -Montevideo- tampoco fue casual, pues más allá de los desafíos, el país alcanzó en los últimos años una serie de avances sustantivos respecto a los compromisos asumidos en El Cairo hace 19 años, durante la celebración de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo.

En Uruguay se han aprobado varias normas en sintonía con los acuerdos de 1994: de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de Matrimonio Igualitario, de Acción Afirmativa hacia los Afrouruguayos, entre otras.

En la jornada de apertura, el ministro de relaciones exteriores, Luis Almagro, alentó “a las delegaciones hermanas a trabajar decididamente para reconocer los derechos de las y los jóvenes a una educación sexual integral, por el derecho de las mujeres a la autonomía de sus cuerpos, a la información científica y accesible sobre métodos anticonceptivos, así como también al aborto legal, seguro y gratuito”.

La presidencia de Uruguay en esta conferencia regional, sin duda marcó la cancha desde el inicio. Entre otras cuestiones, las representaciones sociales procuraron entender las coaliciones entre movimientos (feminista, de estudiantes, de la diversidad sexual, por la legalización de la marihuana) que permitieron a este país propiciar y sustentar cambios sostenibles en la agenda democrática.

El acuerdo, votado el jueves 15 entre aplausos y manifestaciones de festejo, contó con apoyo popular evidente, incluido el de la articulación regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo + 20, representada por más de 50 organizaciones, redes internacionales y nacionales de 30 países.

Según el comunicado emitido por el grupo, el documento de resolución ratifica los principales compromisos y acuerdos internacionales de derechos humanos y en particular el Programa de Acción del Cairo, además de plantear importantes avances en la región.

“Constituye un avance histórico porque los países de la región reconocen por primera vez en un documento regional que la realidad los obliga a repensar sus leyes y normativas, considerando las demandas de las mujeres en relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos, y en particular el derecho al aborto”, afirma el comunicado.

Por otra parte, la coalición considera “altamente significativa la reafirmación de que el Estado Laico es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos” y celebra el “reconocimiento del respeto a la orientación sexual e identidad de género, hecho singular para un Documento de Acuerdo de esta región”.

“Mi cuerpo, mi territorio” y “Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos”, marcaron la acción de las organizaciones, que intervinieron la ciudad con estas consignas durante la conferencia.

En la conferencia “estaba en juego el reconocimiento justo de la orientación sexual y de la identidad de género más allá de temas de salud sexual o de derechos sexuales”, consideró la mexicana Josefina Valencia Toledano, quien integra la Asociación internacional de gays y lesbianas.

Para su coterránea Oriana López Uribe, de la Organización Feminista Balance y Promoción para el Desarrollo y Juventud, se trataba de “la oportunidad de que nuestros gobiernos tengan un posicionamiento fuerte”, que no solo permita avances en la región, sino a nivel mundial, en busca de “poner la vara más alta para que las demás regiones puedan seguir el liderazgo de América Latina”.

El Consenso de Montevideo, que Uruguay defenderá el año próximo en Nueva York, es una firme confirmación de los acuerdos obtenidos en El Cairo en 1994 y también un claro avance, en opinión de analistas.

Entre otros compromisos, los estados participantes asumen así el compromiso de “asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto”, según consta en el documento.

Hasta hoy, solo Cuba, Uruguay y el DF mexicano admiten esa práctica sin restricciones hasta las 12 semanas de gestación.

El documento estipula la necesidad de “asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados”.

Asimismo se propone “instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.