Prevén adecuaciones presupuestales en el nuevo Código Penal del DF

10 de Julio de 2013
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México, 10 Jul. (Notimex).- La aplicación del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal requerirá adecuaciones presupuestales, pues incluirán medidas técnicas, remodelaciones, capacitación y actualización en todos los niveles, advirtieron diputados locales del PRD.

Señalaron que incluso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tendría que hacer cambios para cumplir con esta nueva norma, confiaron en que el jueves lo apruebe la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y que el lunes sea presentado ante el pleno en sesión extraordinaria.

Los asambleístas Daniel Ordóñez, Efraín Morales y Esthela Damián, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideraron en un comunicado que la propuesta de esta normatividad no se contrapone con la iniciativa de un Código Único de Procedimientos Penales a nivel nacional.

Aunque ya se trabaja en su elaboración, el código propuesto por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, contiene figuras que se podrían trasladar al planteamiento federal.

La ciudad de México está preparada para el nuevo ordenamiento legal, que contiene figuras jurídicas de vanguardia que prepararán a la capital para la aplicación del Sistema de Juicios Acusatorios, abundaron los legisladores locales.

Las modificaciones al presupuesto se consideran pues a partir de la aprobación del nuevo código, jueces y tribunales en materia penal ahora serán de control, de juicios orales y de ejecución de sentencia, por lo cual tendrán funciones divididas para garantizar el debido proceso.

En ese sentido detallaron que se crearán nuevas denominaciones y facultades para los impartidores de justicia, entre los que se encuentran jueces de control, unitarios de juicio oral, colegiados de juicio oral, de ejecución de penas y medidas de seguridad.

También se plantea la creación de jueces para el tratamiento de adicciones, con el fin de que haya concordancia con la iniciativa de ley para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones, conocida como corte de drogas.

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