En el último mes dos mujeres cercanas a mi familia fueron secuestradas en Morelos. Fueron momentos infernales y muy complejo conseguir negociadores confiables para rescatarlas.
La recomendación de los expertos fue llamar al 088, pero bajo ningún motivo denunciar ante la policía local. Antes de estos dos casos mi sobrina sufrió un intento de secuestro en la misma zona de Cuernavaca, afortunadamente se llevaron su auto y su billetera, pero la dejaron ir. Nos descubrimos diciendo que qué suerte había tenido de sólo ser asaltada.
La policía morelense, tanto en el caso del robo como luego del primer secuestro, dijo a los familiares que ellos sabían dónde opera la banda de secuestradores, pero no pueden hacer nada, porque no están capacitados y no tienen armas para entrar en el “territorio de los secuestradores”, que cuentan con armas de uso militar; aunque son pandillas no vinculadas con cárteles.
La Policía Federal (PF), por su parte, cuenta con un pequeño grupo de especialistas que asesoran a algunas familias, generalmente a las que llaman primero y tienen suerte. Su apoyo consiste en decir cómo debe negociar la familia para rescatar viva a la víctima; qué porcentaje se les debe dar y qué no decir.
Dentro de la propia PF hay un pequeño equipo que desconfía del resto de sus compañeros y de la policía estatal.
En ese contexto, que se reproduce en todo el país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que en septiembre van a presentar a la Gendarmería Nacional, una suerte de panacea policiaca.
Lo más notable es que insisten en que no seguirán la política militarizada de Felipe Calderón, pero la Gendarmería consiste en 8 mil 500 soldados y mil 500 marinos.
Esos nuevos policías que no son policías, sino gendarmes, que no son militares sino soldados y marinos (lo dice la autoridad, no yo), se ubicarán en las zonas en las que la policía no puede operar, y en donde tampoco hay militares que sí son soldados y marinos que pertenecen a la Secretaría de Marina (Semar). También irán a donde la PF no opera o no es confiable.
Asegura Carlos Toledo, de la Segob, que esta Gendarmería apoyará a la PF, pero sin intervenir en sus funciones. Y para 2018 tendrá 50 mil elementos que no serán policías, ni trabajarán como policías, pero harán labores policiacas. ¿Me sigue usted?
Después de Nigeria, México es el segundo país con más secuestros en el mundo (Risk Map 2013). Mientras escribo este texto tengo claro que el domingo hubo 45 familias que acaban de recibir llamadas para darles aviso de que algún familiar ha sido secuestrado, y deben pagar para verle con vida de nuevo.
Los secuestros deben ser atendidos por los 300 agentes de las Unidades Especiales Antisecuestro en todo el país. Estas unidades cuentan con personal especializado en información delictiva, despliegue táctico, negociación y rescate de rehenes.
Funcionan, pero sólo logran atender un 10 por ciento de los casos. En el 90 por ciento los secuestradores no son arrestados, simplemente (y lo digo sin depreciar la importancia del logro), se rescata a la víctima.
Sólo en uno de los dos casos que he atestiguado recientemente participó la fuerza especial, y por tanto sólo en uno se pudo obtener un mapa forense. El porcentaje de cobro, así como de impunidad y no investigación es brutal; los secuestradores lo saben.
Una vez rescatada la víctima sucedió lo que nos advirtieron: los secuestradores llamaron al negocio y piden más dinero o van tras el personal. ¿Llamamos a la policía local? La respuesta fue negativa, los negociadores consideran que algunos policías trabajan como halcones de las bandas. ¿Cerramos? ¿Por cuánto tiempo? Sí, no lo sabemos, es la única respuesta sensata.
Según una fuente interna, la tarea de la Gendarmería será vigilar a policías corruptos y mapear el crimen.
Las estrategias locales no pueden resultar de improntas para resolver un caso cercano a personas influyentes; los gobernadores deben asumir la responsabilidad de cada uno de esos 45 secuestros diarios que suceden en su localidad.
Si algo evidenció Calderón es que todas las demostraciones grandilocuentes de seguridad no tienen impacto de fondo en la vida diaria de la sociedad. Ahora me descubro educando familias en protocolos de seguridad. Yo tuve que aprenderlos por ser periodista y activista; ahora todas las familias de México deben saber qué hacer en caso de secuestro.
La normalización de la barbarie no puede ser la respuesta. La militarización tampoco. Urge trabajar en cada municipio, sin aspavientos, con efectividad.
Twitter: @lydiacachosi