Este artículo podría empezar enumerando la larga lista de problemáticas de salud, educación, seguridad, apoyo al desarrollo, justicia, protección, etcétera, que enfrenta la población en contextos de migración.
Sin embargo, los datos disponibles que reflejan esta compleja problemática no son el centro del análisis que se propone.
Estas notas se proponen explicar los obstáculos que enfrentan las personas en contextos migratorios para acceder al disfrute a sus derechos.
En el caso del derecho a la salud, esto abarcaría los insumos, servicios de prevención y atención de la salud, al trato oportuno, digno y de calidad en los servicios públicos, y finamente la posibilidad de que la salud sea un elemento más que posibilite el desarrollo, seguridad e integridad de las personas.
Todos estos elementos ineludibles en la dimensión de la salud como un DERECHO.
Asimismo en este artículo se describirá el conjunto de estrategias que impulsan organizaciones y redes ciudadanas nacionales y transnacionales, aglutinadas en un espacio de coordinación denominado Colectivo PND Migración, para lograr que el Estado actualice su responsabilidad en la promoción, defensa y garantía de todos los derechos para las poblaciones en las migraciones, incluyendo por supuesto el derecho a la salud.
Los derechos de las personas no están en cuestionamiento. México, como el resto de los países que integran la ONU, reconoce a toda persona no sólo el derecho a la salud, sino el conjunto de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales que integran en sentido amplio el concepto de los Derechos Humanos (DH).
Al respecto, también la Constitución mexicana, las leyes especiales, sectoriales y generales son fuentes jurídicas de los DH en su conjunto.
Este cuerpo jurídico debiera indicar que proteger el disfrute de los DH es una alta prioridad para el gobierno mexicano. En correspondencia también tendríamos que encontrar robustas, articuladas y bien diseñadas políticas públicas con financiamiento suficiente, sin las cuales es imposible atender las múltiples y específicas necesidades de su población, independientemente del lugar de la frontera en donde se encuentren.
Esto además debiera ser de especial atención si recordamos que la población en situación de migración (la que se va y la que se queda) provee la segunda fuente de ingresos económicos a nuestro país.
Empero, la evidencia muestra contradicciones. Por ejemplo, en el campo de la salud podemos verificar reducciones importantes al financiamiento público, también podemos hablar de que la reforma al sector en la última década sólo enfatiza la responsabilidad personal contra la responsabilidad estatal, lo que conduce a reducir los alcances al derecho a la salud a un paquete predefinido de servicios que tienen una alta razón costo-eficiencia.
Este escenario no es privativo de la salud, la tendencia ideológica neoliberal de recortes al gasto público puede generalizarse a toda la política social de México, que implica el supuesto de la atención a las personas migrantes.
Paradójicamente, la población con mayores aportes económicos reconocidos enfrenta mayores riesgos a sufrir violaciones a sus DH.
La movilidad se conforma así como un riesgo potencial a sufrir vejaciones, secuestros, asesinatos, violaciones, extorsiones a cargo del crimen organizado o de autoridades corruptas, que quedarán en la absoluta impunidad.
Esta realidad no sólo es cierta para poblaciones centroamericanas en tránsito, sino también para las y los mexicanos.
Un segundo punto de partida es cómo se explica y formulan las alternativas de respuesta a lo que se denomina el fenómeno de la migración.
Para gobiernos anteriores, el asunto de la migración es un asunto de gestión y administración de las poblaciones migrantes, y en el peor de los casos es un tema de seguridad nacional.
Por ello es tiempo de reafirmar que las causas que provocan que 11 millones de mexicanos vivan en EU, y un número no determinado haya cambiado su domicilio original son la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la violencia.
La acción del gobierno ha sido insuficiente para parar las más graves de las violaciones a los derechos de las y los migrantes, ha sido incapaz de mejorar las condiciones que impulsan año con año a más personas a sumarse a los flujos migratorios por necesidad.
Incluso en muchas situaciones, la acción gubernamental es la causa directa de que se incremente la inseguridad y con ello aumente la necesidad de buscar un lugar donde vivir en paz.