Amenaza acelerada inflación a economía de Argentina

27 de Febrero de 2013
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Buenos Aires, 27 Feb (Notimex).- La acelerada inflación de Argentina, que oscila entre el 10.8 por ciento que reconoce el gobierno y el 25.6 por ciento que estiman las consultoras privadas, se ha convertido en una amenaza para la economía de este país.

Pese a que durante los últimos años el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó los alarmantes indicadores privados en materia de inflación, en 2013 comenzó a aplicar medidas tendientes a combatir el alza de precios.

El principal problema, sin embargo, es la falta de confiabilidad en las cifras que maneja el gobierno, desde que intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Por ejemplo, el año pasado el gobierno reportó una inflación de apenas el 10.8 por ciento, una cifra similar a la que prevé para este 2013, pero aquella es triplicada por las consultoras privadas, a las que se ya se les prohibió publicar sus informes.

De hecho, para contrarrestar las limitaciones del gobierno, el Congreso dio a conocer que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero aumentó en un 2.6 por ciento, lo que representa la décimo primera aceleración consecutiva en materia de inflación.

Según un reporte de la consultora Management & Fit, "no sorprende, entonces, que la inflación se haya convertido en el principal problema de la agenda económica actual y, menos aún, que se haya filtrado dentro de las percepciones sociales".

Agregó que, de acuerdo con las mediciones privadas, los principales impulsos a la inflación provinieron de los ajustes a las tarifas de transporte público y aumentos en el costo del esparcimiento y los alimentos.

"El intento por lograr un pacto social es una pieza fundamental en la estrategia anti-inflacionaria oficial", por lo que el Ejecutivo busca que empresarios y gremialistas acuerden alzas de precios y salarios para frenar la puja distributiva", explicó.

En concreto, agregó la consultora, se busca que durante este año los gremios negocien incrementos salariales no mayores al 20 por ciento, a lo que se suman las políticas de control de precios que comenzaron a aplicarse el mes pasado y que regirá sólo por 60 días.

Consideró que estas políticas representan "un novedoso y rescatable cambio de postura" porque ahora sí el gobierno reconoce el problema de la inflación y toma medidas para resolverlo, aunque todavía con logros inciertos.