Demanda Coparmex castigo para ex funcionarios chiapanecos

Tapachula, Chis., 26 Feb. (Notimex).- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Soconusco, Rafael Rojo Galnares, pidió castigar a ex funcionarios estatales responsables de anomalías y desvíos de recursos.

"No es suficiente que se de a conocer que los órganos fiscalizadores en Chiapas detectaron infinidad de anomalías y desvíos de recursos en el sexenio estatal pasado, sino que se tiene que castigar a los responsables, porque en tanto no se haga, habrá impunidad", señaló.

Dijo que independientemente de la "severa crisis" económica por la que, según él, atraviesa Chiapas, derivado de los adeudos de unos 40 mil millones de pesos que dejó la administración estatal de Juan Sabines Guerrero, es urgente aplicar la ley para que la ciudadanía confíe en la autoridad y sepa que nadie está por encima de la ley.

"La afectación económica heredada es muy grave porque hubo un desfase muy grande en el pago a proveedores que dio como consecuencia que la economía se viera frenada" afirmó en entrevista.

Después se refirió a los adeudos de los ayuntamientos, que "en global son los más elevados que se tengan registrados en la historia de la entidad".

"Los adeudos de las administraciones municipales anteriores frenaron el flujo de efectivo, el pago a proveedores y el cumplimiento de las obligaciones, por lo que hubo también paralización de las economías locales y lo peor es que aún no hay recuperaciones", abundó.

Rojo Galnares mencionó los informes que difundió recientemente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre que hay liberadas 75 órdenes de aprehensión contra igual número de ex alcaldes y más de 100 contra ex funcionarios.

"No solamente la Coparmex del Soconusco, sino la sociedad en general exigimos que se cumpla la ley. Si esos ex servidores públicos son culpables de peculado y del desvío de recursos del erario, deben ser castigados conforme a Derecho", insistió.

El dirigente de ese organismo empresarial sostuvo que "no se trata de una cacería de brujas sino solamente de la aplicación de la ley".

Opinó que lo ideal sería no sólo detener a los responsables de los fraudes cometidos en las administraciones estatal y municipales anteriores, sino también obligarlos a devolver los recursos e incautarles propiedades para resarcir los daños a la población.