En días recientes, nuevamente, nuestro país ha estado en la comidilla internacional. Dos hechos gravísimos revelaron la injusticia y la falta de protección a la vida e integridad de las mujeres en México, pese a lo que digan las autoridades.
La violación de seis ciudadanas españolas en Acapulco y la maternidad de una niña de nueve años nos dejaron al descubierto la enorme desigualdad en la cual vivimos la mitad de la población mexicana.
Tras las fatales declaraciones del presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, que abonó a la indignación internacional, el hecho de la agresión sexual reveló el clima de violencia contra las mujeres en México.
A cuenta gotas primero y después en cascada se supo que no era el primer episodio de violencia sexual que ocurría en la zona, sin que las autoridades tomaran cartas en el asunto, y más aún, que en México se denuncian 15 mil violaciones cada año.
Cifra que de acuerdo con las expertas es apenas una mínima parte de lo que realmente ocurre en nuestro territorio nacional. La razón de la falta de denuncias tiene que ver con la mala atención que reciben las víctimas en los ministerios públicos y el escarnio del cual son objeto.
Esta situación revela que las instancias que se han creado desde hace más de cuatro décadas han sido ineficaces, ya sea por falta de personal especializado, por falta de recursos financieros que garanticen su viabilidad, pero sobre todo por falta de voluntad política.
Nuevamente se abre la urgente necesidad de evaluar el funcionamiento de estas instancias desde las más pequeñas hasta las grandes como son la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Instancias que se han creado a nivel municipal, estatal como federal con magros resultados dejando tras de sí solo la impunidad imperante.
Más allá del escándalo mediático e internacional, el fondo del asunto es garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia como lo consagra la Ley General de Acceso y los diversos tratados internacionales que son parte de nuestra Constitución política.
Ninguna excusa es válida cuando se trata de proteger la integridad y dignidad de las personas, tal cual lo marca el artículo primero de nuestra Constitución.
Tan grave es la violencia y la normalización que tenemos de ella que 340 niñas de entre 10 y 12 años se convirtieron en madres el año pasado sin que las autoridades se detuvieran en lo que estaba ocurriendo: detrás de cada embarazo se puede suponer violencia.
Tuvo que llegar, nuevamente, el escándalo de una pequeña de nueve años que se convirtió en madre para que se revelara la indefensión en la cual están nuestras niñas mexicanas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de las jóvenes que en el mundo inician su vida sexual lo hacen debido a la coerción que reciben de sus parejas.
Ambos hechos deben servir para alertarnos como sociedad, como medios de comunicación, como nación, que la vida y la dignidad de las mujeres es prioridad nacional que debe contar con todos los ojos y la acción del Estado para protegerla. De no hacerlo estaremos perdiendo la riqueza de la mitad de la población que son las mujeres y de eso seguro nos arrepentiremos después. Twitter: @lagunes28