Pese a eso, las universidades públicas son mejores que las privadas -de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- al medir la capacidad de producción científica, el número de investigadores y la disponibilidad de programas de posgrados reconocidos por su alta calidad. 

Imanol Ordorika, director general de Evaluación Institucional de la UNAM, aseguró que las políticas de poner los recursos para investigación y educación superior en el sector privado "es una política errónea" que requiere modificación. 

Al presentar el "Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas" (UCEM), el también académico del Instituto de Investigaciones Económicas, aseguró que esa herramienta "debe ayudar a una modificación de una política equivocada que ha seguidos por varios años". 

El funcionario universitario afirmó que ese tipo de estrategias "debilita" al sector que tiene mayor capacidad de producción científica para resolver los problemas del país. 

El estudio muestra que universidades privadas como la Intercontinental, la UNITEC, la Regiomontana, el ITESO de Guadalajara, La Salle, la Universidad de Monterrey y Panamericana, que hacen investigación, tienen baja producción medida en artículos publicados en revistas calificadas a nivel internacional. 

Sólo siete de 58 universidades tienen un "desempeño superior al resto" y se pueden calificar como "instituciones de calidad" en el área de la investigación para resolver los problemas nacionales. 

El listado de instituciones lo encabeza la UNAM y le siguen el Politécnico, la Autónoma Metropolitana y las universidades estatales de Guadalajara, Nuevo León, Puebla y entre las privadas sólo figura el Tec de Monterrey. 

La calificación se obtiene luego de evaluar la cantidad de científicos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, su producción medida en artículos, citas por otros pares, los grupos académicos reconocidos y el número de programas distinguidos en el país y en el extranjero. 

En conferencia de prensa, Ordorika aseguró que se requiere mayor transparencia por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las propias universidades para construir bases de datos que permitan conocer a detalle lo que ocurre en el sistema educativo a partir del gasto, la matrícula y presupuesto estatal.