Son tres los problemas a resolver. Uno es el cambio en la estrategia nacional que se sigue frente a las organizaciones criminales. Dos es definir la fórmula de coordinación y delegación de facultades que permita contar con un gobierno eficaz en esa ciudad. Tres es el acuerdo político para alcanzar una tregua con el objeto de que los oportunismos electorales asociados a la próxima elección no contaminen el esfuerzo.

Crece el consenso sobre la necesidad de cambiar la política emprendida en contra de las organizaciones criminales. Está al descubierto que ha sido un error utilizar esta lucha con propósitos electorales o de legitimación política. También ha crecido la conciencia de que los despliegues de fuerza no funcionan y que, incluso los operativos apoyados en mejor inteligencia no son suficientes. La estrategia debe ser complementada por acciones de investigación financiera para seguir la pista del dinero y con una nueva política hacia los jóvenes, de prevención, educativa y de salud pública.

Falta decidir y organizar las nuevas tareas en el territorio. ¿Quién coordina qué? La organización política tradicional y el ejercicio de gobierno en esta ciudad fronteriza (y en otras) están completamente rebasados. La decisión de los poderes del estado de trasladarse a la frontera es una decisión que va en la dirección correcta. Ahora corresponde a los poderes federales actuar en consecuencia.

Ahí tiene que haber Estado: es decir, unidad de acción y decisión. Se necesita establecer una coordinación federal-estatal ampliamente respaldada en el territorio. En los términos de la Constitución Política, por delegación y coordinación, y con el respaldo de todas las fuerzas políticas, se debe crear un comando civil que atienda la emergencia social y que aplique las nuevas directrices para la seguridad. Se necesita un nuevo enfoque de seguridad, pero también becas, empleos, regeneración urbana, diálogos, esparcimiento, prevención, participación social y respeto a la gente.

Una fórmula semejante ya se aplicó antes. Lo hicimos después del sismo de 1985. Se estableció entonces, con carácter temporal, un comando, un organismo ejecutor que pudo dialogar con los damnificados y todos los sectores de la sociedad, convenir un acuerdo de concertación; dar resultados.

Las acciones deben aterrizarse en el territorio de Ciudad Juárez, vincularse con la gente. Sólo así se verán y sentirán, podrán ser evaluadas y generar un nuevo estado de ánimo al ser parte de una acción colectiva legítima. Convirtamos a Ciudad Juárez en una causa nacional: en un símbolo de unidad, imaginación, destreza política y liderazgo.