Originalmente la nueva ley del ISSSTE daba un plazo hasta el día 30 de junio de 2008 para que los burócratas pudieran optar por cualquiera de los dos sistemas pero el fracaso de solo haber convencido en esa fecha al 5 por ciento de las y  los cotizantes aplazó esta decisión al 14 de noviembre del presente.

 

La profusa campaña pide a los trabajadores burócratas  que se presenten a las áreas de recursos humanos a manifestar cualquiera de las dos opciones cuando la propia Ley del ISSSTE en su Artículo Séptimo transitorio permite a las y los cotizantes no hacerlo y conservar su derecho de jubilación.  Es evidente que fuertes intereses están atrás de estos mensajes.

 

La importancia de esta ley es fundamental ya que aplica a las y los trabajadores no solo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, sino también de los organismos jurisdiccionales autónomos o por disposición constitucional y de los organismos desconcentrados y descentralizados de la administración pública.

 

También abarca a las y los trabajadores de los gobiernos estatales y del Distrito Federal con sus respectivos poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones municipales y los que están contratados bajo el régimen de honorarios que laboren para esas instituciones. 

 

Estadísticas señalan la existencia de 2 millones 600 mil derechohabientes en el ISSSTE, de los cuales el 54 por ciento son mujeres, sin embargo esta cifra se incrementa hasta en 4 millones de trabajadores por los distintos niveles de aplicación en el ámbito federal, estatal y municipal vinculados a los fondos pensionarios.

 

Al igual que el fondo de pensiones del IMSS, con 750 mil millones de pesos, cifra que representa el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto administradas por afores privadas, los fondos pensionarios del ISSSTE con 160 mil millones de pesos tendrán un idéntico destino.

 

La nueva Ley del ISSSTE es copia de la Ley del IMSS de 1995, y ésta a su vez inspirada en el modelo chileno impuesto en la dictadura de Pinochet en 1981.  Este sistema fracasó por otorgar pensiones de miseria a sus jubiladas y jubilados y beneficiar sólo a sus administradoras; éstas colocaron irresponsablemente hasta el 80 por ciento de los recursos obreros en inversiones de riesgo resultando cuantiosas pérdidas por ¡30 mil millones de dólares!

 

La presidenta chilena Michele Bachelet, en su visita a México en marzo de 2007, reconoció carencias en el sistema de pensiones en su país y confesó estar considerando medidas para regresar al sistema solidario.

 

En México, después de 13 años de adoptar las afores privadas en el IMSS, éstas solo han representado cuantiosas pérdidas por más de 11 mil millones de pesos sumado a los 53 mil millones de pesos por las alzas de los intereses a largo plazo, como lo reconocen estudios en la Cámara de Diputados Federal. ¿Y quién responde ahora de esos desfalcos? ¡nadie! La ley les da impunidad.

 

Moisés Schwartz, presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Conasar)  en su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados manifestó con extraordinario cinismo que "...las minusvalías se deben a los vaivenes económicos".

 

Es un verdadero asalto a las y los trabajadores permitir a las aseguradoras disponer a placer de sus fondos pensionarios para exponerlos en inversiones de riesgo. Qué fácil es para los administradores de las aseguradoras privadas, con jugosos salarios y dividendos seguros, justificar pÉrdidas de dinero ajeno; desde sus oficinas lujosas o en sus vehículos VMW se les oye decir: "perdonen es la crisis mundial".

 

Por ello no es sorpresiva la decisión en Argentina de promover la estatización del sistema de pensiones después de perder el 45 por ciento de su valor por la crisis mundial. La Cámara de Diputados de ese país recién aprobó con 160 votos a favor y 75 en contra, implementar esa medida que implica la transferencia al Estado de cerca de 23 mil millones de dólares que hasta ahora habían manejado 10 aseguradoras privadas, algunas de ellas también operando en México.

 

Las y los argentinos están a punto de retirar el plato de la mesa a las aseguradoras privadas de 5 mil millones de dólares mensuales que las y los trabajadores aportan mensualmente al sistema de pensiones. Por ello tanta resistencia de los grupos financieros transnacionales para evitar se les vaya de las manos tan jugosas y fáciles ganancias.

 

Contradictoriamente, en México este proceso  no tiene reversa para el Gobierno calderonista; por el contrario, permitirá a las aseguradoras privadas disponer en el año de 2011 de los fondos pensionarios de las y los burócratas mexicanos.  Mientras tanto el Pensionisste, institución pública creada por ley, hará el trabajo a los inversionistas particulares individualizando las cuentas y definiendo sus montos para ponerlas a su disposición en menos de tres años.

 

La campaña publicitaria en todos los medios de comunicación incluye el envío de propaganda en los domicilios particulares de la o el cotizante  para que decida por el bono como la mejor opción.  Sin embargo ello significará, de recibirlo, retirar responsabilidades al Gobierno de otorgar una pensión a los trabajadores y sus beneficiarios hasta su fallecimiento. 

 

Los bonos representan el fin de un Estado social, que es sustituido por  uno que favorece primordialmente los intereses de las grandes financieras internacionales.

 

manfuentesm@yahoo.com.mx

*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.