México DF, 19 agosto 08 (CIMAC).- Las y los jóvenes rechazados por las universidades públicas representan uno de los grandes problemas de la nación; sin embargo tanto el Gobierno federal, los estatales y la iniciativa privada poco hacen para atenderlo.
Nueve de cada diez solicitantes reciben el portazo que les niega una educación profesional con apoyo público. Las y los jóvenes se dan cuenta pronto que hay otras puertas cerradas: no hay alternativas de empleos suficientes y dignos que les permita pagar una universidad o preparatoria privada.
Las pocas ofertas laborales son de míseros salarios, exigencia de tiempo completo o rotación de turnos y sin prestaciones sociales que les impide o dificulta continuar sus estudios.
Se encuentran con la disyuntiva de trabajar o estudiar porque no hay apoyo de becas que les permita realizar estudios profesionales superiores. La mayor parte de las y los jóvenes se encuentran atrapados en la pobreza y sus posibilidades ante el rechazo en las universidades son prácticamente nulas.
Las y los jóvenes que no aprobaron el examen reciben el estigma de "rechazados", como si fueran ellos los responsables de no haber accedido a los estudios universitarios.
La posibilidad de ingresar a una universidad o preparatoria pública no está relacionada con la capacidad académica de los concursantes, porque aún cuando todos lograran la mejor puntuación, el sistema educativo profesional solo puede matricular al diez por ciento de ellos.
La cifra de jóvenes aspirantes rechazados se ha quintuplicado dramáticamente en los últimos 16 años mientras que la oferta educativa se ha mantenido casi en el mismo nivel; tan solo en este periodo de 2008 a 152 mil se les negó el acceso en la UNAM, cerca de 50 mil en el IPN y unos 40 mil de la UAM, ello sin contar con los rechazados a nivel nacional.
En Jalisco por ejemplo hubo más de 24 mil rechazadas y rechazados, en Puebla se han reportado 18 mil jóvenes en la misma condición, en Tabasco 10 mil, en Oaxaca 7 mil, en Baja California 6 mil, en Guerrero, Chiapas y Michoacán más de 5 mil. Y las cifras son similares en todo el país.
¿Qué pasa con todas y todos los jóvenes rechazados? El Gobierno y los empresarios les cierran las puertas y luego les exigen ser la esperanza de nuestro país. Es evidente que no son una prioridad porque los presupuestos aprobados por las Cámaras de Diputados determinan su marginación.
Por ello las y los jóvenes son fácil presa de bandas organizadas. Las y los menores de edad son los más cotizados por ser inimputables ante la justicia penal.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revelan de manera preocupante la importante participación de los jóvenes en la delincuencia: representan el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y el 49 por ciento en el fuero común.
De éstos, la proporción de varones de 15 a 29 años involucrados en un crimen federal es del 41 por ciento, y 50 por ciento en actos de competencia del fuero común mientras que las mujeres representan el 35 y 40 por ciento, respectivamente.
Las mujeres jóvenes se ven forzadas a estudiar carreras "cortas" o ingresar a trabajos informales para auxiliar de manera temprana al sustento familiar; las adolescentes con un embarazo no planeado sus obstáculos son mayores para lograr estudios universitarios.
Las y los jóvenes rechazados son expulsados de una sociedad que les niega oportunidades y muchos de ellos tienen que emigrar al país del norte y andar "a salto de mata" por su condición de indocumentados.
No existe un plan nacional de desarrollo que tenga como referencia principal a las y los jóvenes de este país. A nuestros gobernantes les apura ahora construir nuevas cárceles en lugar de aulas universitarias y laboratorios de investigación.
Se sigue corrigiendo los efectos y no las causas de nuestro subdesarrollo que ahoga y atasca el desarrollo nacional.
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*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
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