Varios grupos civiles han exigido sanciones para esta persona: han pedido que sea cesado, han presentado quejas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y lo han acusado, en el DF, del delito de discriminación. Otras voces han justificado sus opiniones bajo el argumento de que ejerció su libertad de expresión. El jurista Pedro Salazar Ugarte sostiene que pese a que la conducta en cuestión puede ser éticamente repugnante, ésta queda protegida por la libertad de expresión, derecho esencial en una democracia. Argumentó que mientras la expresión no se convierta en un llamado abierto y directo a dañar a algún grupo, la conducta es legalmente aceptable.

Me cuesta trabajo tener seguridades claras al respecto, porque una y otra posición sostienen poderosos argumentos que habría que discutir en los foros políticos, judiciales, de comunicación y académicos. Por ello, sólo apunto algunas ideas provisionales sobre el tema de fondo en cuestión, a saber, los límites de la libertad de expresión cuando ésta puede dañar algún otro derecho fundamental, como el de la no discriminación.

Lo primero que habría que señalar es que no existe una respuesta a este dilema en las experiencias constitucionales de países con genuino Estado de derecho. Mientras que, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional en EU privilegia la libertad de expresión (amparada por la Primera Enmienda de su Constitución), dándole una dimensión ilimitada, la tradición constitucional europea (y aquí inevitablemente generalizo) ha optado por establecer regulaciones relativamente fuertes a la expresión de determinadas ideas. Por ejemplo, mientras en EU grupos de supremacistas blancos pueden difundir abiertamente sus agendas racistas, en países europeos es un delito la negación, incluso académica, del genocidio judío perpetrado por los nazis o la apología del terrorismo. Ahora mismo, en Holanda se juzga penalmente a un líder político por haber equiparado el Corán con Mi lucha de Hitler.

En realidad, no existe, en las sociedades democrático-constitucionales (el caso de Chávez ni siquiera viene al caso, pues se trata de un régimen cada vez menos constitucional) un modelo único de libertad de expresión. En un caso, se le tiende a ver de manera absoluta e incondicionada; en el otro, más regulada y en equilibro con otros valores públicos. ¿Cuál debería ser nuestro modelo? ¿No podríamos empezar ya a discutirlo, sobre todo porque la legislación electoral en lo que toca a los medios parece habernos orientado al segundo de ellos?

Otro apunte tiene que ver con la relación entre poder y libertad de expresión. En general, la libertad de expresión es una prerrogativa de los particulares, pero lo cierto es que no todos los particulares somos iguales. Algunos poseen un poder económico y social superlativo y, como en el caso de Televisa, además usufructúan un bien público (parte del espectro radioeléctrico) al que dan un uso privado y lucrativo. Quienes usan para su provecho un bien de la nación, ¿no deberían tener responsabilidades respecto a los principios constitucionales como la no discriminación? ¿Se puede medir igual la libertad de expresión de un grupo de amigos que en privado frivolizan y dicen barbaridades, que la de quien usa un medio masivo de comunicación, que llega a millones de personas, para proferir argumentos contrarios a derechos constitucionales y reforzar los estereotipos que la ley exige combatir?

Coda: Históricamente la libertad de expresión ha servido como un antídoto y límite de los ciudadanos frente al poder político. La ley del más débil, diría Luigi Ferrajoli. ¿Qué hacemos con un supuesto ejercicio de ella que predispone contra los débiles y refuerza a los poderosos? ¿Qué hacemos cuando el poderoso no es sólo el Estado sino el poder fáctico de un medio masivo? Muchas preguntas y un debate público con pocas respuestas.