Cuando acabé su lectura comprendí que la hipocresía sigue estando en todos los escalones de la política.

 

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, dice en cada uno de sus dos únicos artículos (es la Ley más corta que he leído en mi vida) que cada ley o reglamento que se elabore tendrá que ir acompañada de un informe de impacto de género que incluya una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.

 

Y todo esto debido a "la constatación de que decisiones políticas que, en principio, parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres".

 

Después, la Ley de Igualdad vuelve a incidir en este tema y refuerzo los argumentos anteriores.

 

Bueno, pues la última Ley de Presupuestos Generales del Estado, al parecer y según el artículo, no llevaba los preceptivos documentos.

 

No deja de ser paradójico que un gobierno que dio los pasos más importantes en aras de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres haya aprobado una ley de la importancia que tiene la Ley de Presupuestos sin tener en cuenta el impacto que ese tipo de medidas fiscales y económicas de todo tipo pueden tener sobre la vida de las mujeres en su día a día como ciudadanas.

 

Y es que un documento como los presupuestos generales del Estado, aunque no lo parezcan, no son un documento neutro que nada tiene que ver con las desigualdades entre mujeres y hombres. No es así.

 

Los presupuestos, como documento que regula los ingresos y los gastos que presuntamente se van a producir a lo largo de un año en el conjunto del Estado, no es un documento neutro. No, no lo es. Y no lo es porque al regular temas ten importantes como los impuestos, por ejemplo. Y los impuestos tanto los directos como los indirectos, (aunque sobre todo estos últimos) son discriminatorios.

 

Y me explico. No es lo mismo que el impuesto de valor añadido (IVA) sobre cualquier producto lo pague una persona con un salario medio que el hecho de que lo tenga que pagar una persona con una pensión mínima. Hasta ahí puede parecer que no exista diferencia entre mujeres y hombres.

 

Pero si nos paramos a mirar los datos desagregados por sexos de las pensiones, veremos que, como consecuencia del mandato patriarcal que distribuye la sociedad entre personas con trabajo retribuido y personas con trabajo no retribuido, son estas últimas, mayoritariamente mujeres, las que cobran las pensiones mínimas y la mayoría de pensiones no contributivas.

 

Por esta misma consecuencia, el pago del IVA de cualquier producto será mucho más gravoso de pagar a las mujeres pensionistas que a los hombres pensionistas que por haber cotizado a lo largo de su vida laboral mayoritariamente tienen pensiones más dignas.

 

Pero si a esto le añadimos que durante una época de nuestra historia reciente (entre 1938 y 1961) el régimen franquista no permitía el trabajo remunerado de las mujeres casadas y además explicitaba la discriminación salarial de forma negativa para las mujeres trabajadoras, nos encontramos con una situación claramente negativa para nuestras mujeres mayores cuyo origen son las propias normas del Estado, pero cuya realidad son unas pensiones irrisorias.

 

Por solidaridad con estas mujeres mayores que, en su día tuvieron que sufrir tantísimas penalidades, por nosotras mismas y por nuestras niñas debemos ser exigentes con el cumplimiento de las normas que velen por la no discriminación de ninguna futura ley ni reglamento y que se tengan en cuenta citaciones como la descrita anteriormente.

 

Veremos qué dictamina el juez ante la denuncia realizada ante la Audiencia Nacional por la denuncia presentada por alguna asociación de mujeres.

 

Estaremos expectantes.

 

* Periodista y feminista en Ontinyent, Valencia, España.

tmolla@teremolla.net