Invertir en la educación superior permite dar cabida a más estudiantes asegurando la calidad de su formación, ya que en las instituciones de educación superior (IES) se genera conocimiento y se forman personas que con su actividad profesional contribuirán al desarrollo de la sociedad. Debido a que los costos para llevar a cabo estas tareas son crecientes frente a la actual revolución tecnológica, se precisa de una política de Estado en la materia. 

En años recientes —tres para ser exactos— se ha establecido una relación positiva por parte de la cual la SEP, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) lograron empalmar la aprobación de recursos, con la presentación de proyectos para elevar la calidad académica y el fortalecimiento institucional de las IES, así como la transparencia, mediante ejercicios de informe de resultados y rendición de cuentas ante la propia Cámara de Diputados, lo cual muestra que existe voluntad para integrar una política de esta naturaleza. 

Con la aprobación de fondos extraordinarios y recursos para proyectos específicos, las IES han realizado de manera sostenida programas encaminados a la ampliación de la cobertura con equidad, y al mejoramiento de la calidad de sus funciones sustantivas. 

Si bien se ha logrado incrementar el acceso de los jóvenes a la educación superior, así como el número de estudiantes atendidos en programas educativos reconocidos por su buena calidad, las IES y el país mismo enfrentan un desafío mayúsculo relativo al aprovechamiento del bono demográfico —discutido ya en diferentes foros—, referente a que en la actualidad se cuenta con la población joven quizá más grande de la historia, y que en el caso de México, inquieta porque de cada 100 jóvenes de entre 19 y 23 años, es decir, que están en el rango de edad para cursar estudios del nivel superior, sólo 26 tienen acceso a ellos. 

Lo anterior además de preocupar por el destino que esta fuerza intelectual y productiva ante la falta de espacios para el desarrollo de sus capacidades pueda tener agudizando con ello los problemas sociales que enfrentamos, dificulta también el que como país alcancemos la meta establecida por el Programa Sectorial de Educación de lograr en 2012 una cobertura de 30% en materia de educación superior. 

Es cierto que pueden reconocerse avances en la asignación de recursos; sin embargo, ello contrasta con el contenido del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 (PEF) presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, ya que en su análisis se observa una disminución considerable en el financiamiento de la educación superior para el próximo año. 

En las subfunciones de educación superior y de posgrado se disminuye en 6.2% en términos reales; como porcentaje del PIB, se pasaría de 0.66 a 0.60%, y el subsidio federal por alumno de educación superior pública, de acuerdo con las estimaciones de matrícula del tercer Informe de Gobierno, disminuiría en cerca de 5 mil pesos, al pasar de 45 mil 600 a 40 mil 900 pesos. Para las IES y los fondos de financiamiento, se retrocede en 7.2%: a pesos constantes de 2010 significa una disminución mayor a los 7 mil millones. 

Lo anterior tiene implicaciones para las IES, que afectarían entre otros rubros a los planes de expansión y diversificación de matrícula, la realización de reformas académicas para la consolidación de los programas educativos, el desarrollo de las tecnologías de educación abierta y a distancia, la formación del personal académico, los servicios de apoyo a los estudiantes, programas de investigación y actividades de difusión cultural. 

El financiamiento de la educación superior es un tema que debe observarse con detenimiento ya que de no lograr ajustes al Proyecto del PEF, no se generará un escenario catastrófico, pero sí existe el riesgo de interrumpir una dinámica que ha dado resultados positivos en los últimos años dificultando que la educación superior se consolide como una palanca estratégica de desarrollo en un escenario de adversidad económica para México. 

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