Es inconcebible que policías fuertemente armados disparen contra campesinos desarmados que sólo reclamaban ser considerados en los beneficios de la zona arqueológica que se encuentra dentro de su comunidad. 

 

Ahora, después de la masacre el gobierno estatal, tratando de enmendar lo oprobioso, ofrece indemnización a las viudas y a las familias de los deudos, castigo a los responsables y la instalación de un centro ecoturístico para ser administrado por los ejidatarios sobrevivientes.

 

¿Por qué tienen que ocurrir estos hechos deleznables para dar una respuesta a estos ejidatarios? Antes eran oídos sordos del Gobierno estatal y federal a esta demanda y hasta cuando hay víctimas se da una respuesta. Esta actitud no se entiende.

 

Estos hechos deben ser aclarados y el gobernador del estado Juan Sabines debe asumir su responsabilidad. El Congreso de la Unión Federal tiene la obligación de iniciar una investigación de estos hechos y determinar la sanción a los funcionarios implicados en estos graves sucesos.

 

Estos acontecimientos se suman a los hechos ocurridos apenas el día 19 de septiembre del presente año en la cabecera municipal de Mapastepec, Chiapas, en el que un contingente de policías estatales con lujo de violencia disolvió una manifestación de protesta que realizaban 45 trabajadores frente a las instalaciones de la empresa Agroindustrias de Mapastepec.

 

Este grupo de trabajadores que protestaban, sin obstruir entrada alguna de la citada empresa, por el despido de cinco de sus dirigentes que encabezaban la exigencia a que se reconociera su organización sindical fueron reprimidos con saña. 

 

Pero no solo ello, dos de sus compañeros fueron detenidos y remitidos de inmediato a la agencia del ministerio público acusados de daño en propiedad ajena, despojo agravado y sin derecho a fianza.

 

Estando detenidos los dos trabajadores, se les obligó a firmar una declaración en contra de sus representantes legales Ángel Torres Mendoza y Rosalío Hernández Beltrán de ser los autores intelectuales del supuesto despojo, todo ello en presencia de Enrique Rincón Amores, agente del ministerio público del lugar.

 

Los dos trabajadores detenidos arbitrariamente, Marco Antonio Enrique Ocaña y Edgar Avendaño Limones, denunciaron estos hechos ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Acapetahua-Villa de Acapetahua, Chiapas en el expediente 236/08 el 22 de septiembre pasado.

 

Ellos acusan que la declaración fue armada entre el representante de la empresa y el agente del Ministerio Público: "...a la fuerza nos hicieron firmar a mí y a mis compañeros; y no nos agarraron dentro de la planta procesadora Agroimsa, nos agarraron en la carretera, íbamos en nuestra moto, luego a la fuerza nos metieron a la empresa y nos empezaron a tomar fotografías dentro de la planta para que dijeran que ahí nos habían agarrado".

 

Otro de los obreros denunció ante el juez: "Que la declaración que me acaban de dar lectura no la dije en ningún momento, ya que esa declaración la dijo el ingeniero Caserez (el representante de la empresa) cuando estaban escribiendo la computadora y a máquina el ingeniero Caserez fue quien les estuvo diciendo todo lo que ahí se escribió, el dijo como se iba a ser, y a la fuerza nos hicieron firmar a mi y a mis compañeros...".

 

Días después, la empresa Agroimsa decidió retirar los cargos en contra de esos dos trabajadores, pero mantuvo la acusación en contra del asesor Ángel Torres Mendoza en represalia por la asesoría sindical en demanda de mejores condiciones de trabajo y se le mantuvo preso injustamente en el penal de Acapetahua, Chiapas.

 

A Rosalío Hernández Beltrán, quién nunca estuvo presente durante las protestas obreras, se le exige, para retirarle los cargos, firme un documento en el que renuncie a asesorar cualquier trabajador o grupo sindical en el estado de Chiapas. Que nunca se vuelva a parar en el estado.

 

¿Qué clase de gobierno es el que permite reprimir, asesinar, fabricar delitos a quienes pacíficamente defienden sus derechos?  Estos hechos no pueden pasar desapercibidos.

 

Las viudas, las familias, los afectados reclaman, exigen una respuesta, un castigo de estos hechos autoritarios.

 

 

*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.

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