Porque el camino más seguro, la práctica más común, comienza a ser la autocensura. Ninguna nota vale una vida. Es necesario reparar, analizar, debatir y concluir qué le está pasando a nuestra prensa que vive, al igual que la sociedad entera, en esta espiral de violencia. Sin llegar a conclusiones simplistas, debemos de entender que el ejercicio periodístico se está fracturando. La violencia está promoviendo un periodismo inocuo y alejado de la investigación y de la ética. Los periodistas cada vez más se alejan de lo que Kapuscinski llamó los sentidos del periodista "estar, ver, oír, compartir y pensar". El periodismo no es inmune a la violencia. Esta ruptura del ciclo informativo, al final, repercute en la convivencia social, en la rendición de cuentas, en la toma informada de decisiones y en la consolidación del sistema democrático. No hay democracia consolidada que no tenga y promueva una prensa libre y fuerte. La violencia está debilitando la nuestra.

En Colombia, en los años 80 y 90, cuando las agresiones a la prensa por parte del narcotráfico estaban en su apogeo, tres elementos cambiaron el curso de la violencia. Primero, los medios de comunicación más grandes, arropando a los pequeños, se unieron para exigir un contexto de seguridad. Segundo, la sociedad y las organizaciones civiles secundaron este movimiento. La sociedad protegió a su prensa. Tercero, el gobierno aceptó que estaba incumpliendo su responsabilidad de proteger a la prensa. Admitió que el problema era serio y que tenía la voluntad política para buscar una solución. Estos tres elementos pavimentaron el camino para la creación del Comité de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales que a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) brinda protección a comunicadores amenazados. El CRER se reúne una vez al mes y es responsable de recomendar las medidas de protección y determinar la duración de éstas. Es presidido por el viceministro del Interior e integrado por representantes de otros entes del Estado, de la fuerza pública (ojo, la fuerza pública es parte del Estado), y de organismos autónomos y de control. Además, asisten como invitados permanentes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y representantes de la población en riesgo. Según información del Ministerio del Interior colombiano, entre 1999 y 2007 hubo 673 periodistas beneficiados con medidas de protección. La erogación presupuestal en 2009 ascendió aproximadamente a algo más de un millón de dólares.

Voltear al Sur para aprender cómo proteger a los periodistas me parece fundamental. Diversas organizaciones, entre ellas Artículo 19, han propuesto al gobierno federal la posibilidad de instalar un Comité de Protección en México. No sobra decir que en México, ninguno de los tres elementos mencionados existe. Reconocemos que la realidad que vivimos es distinta a la colombiana. Sin embargo, resulta impostergable la discusión entre todos los actores involucrados, gobierno, medios, periodistas y sociedad civil, sobre qué medidas de prevención y protección debemos de adoptar en México. Seguir reafirmando que la prensa está desunida pero que no hacemos nada para unirnos y seguir esperando a que los gobiernos adopten una medida eficaz, pero hacemos poco para demandarla, son, entre otros, vicios que allanan el camino para los que quieren ver que este país no cambie. Para los que desean ver una prensa ausente.

El primer paso se dará el 11 y 12 de febrero, cuando la CNDH, Segob y la Oficina del ACNUDH lleven a cabo el seminario al que han convocado: "Hacia un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos". La presencia colombiana en el seminario es importante, y más importante serán los compromisos políticos que asuma la Secretaría de Gobernación para echar a andar dicho mecanismo.