San Juan del Río, 30 Jun 09.- El caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas del municipio de Amealco sentenciadas a 21 años de prisión por haber secuestrado presuntamente a media docena de agentes federales en 2006, ha llamado la atención de medios locales, nacionales y hasta internacionales como el diario español “El País”, que en su edición del domingo pasado, dedicó una plana completa para hablar de este caso.
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Y es que desde su inicio, este proceso ha registrado una infinidad de irregularidades y abusos sobre los derechos humanos de estas mujeres donde la triada: indígena, mujer y pobre, es equivalente a discriminación, abuso e injusticia.
En la nota, el diario español califica como "increíble", el caso de la señora Jacinta Francisco Mariscal y relata los hechos que provocaron su llegada a la prisión de San José el Alto, "acusada -ella que apenas mide un metro y medio de estatura- de secuestrar a seis corpulentos agentes de la policía federal mexicana", indica el diario.
"Si su Dios no lo remedia, la señora de las nieves y de las aguas frescas pasará las próximas dos décadas en prisión condenada por un delito que nadie, salvo una persona, cree que cometió. La mala suerte de doña Jacinta es que esa persona es el juez", apunta el diario.
Sin embargo, a pesar de que este diario hace hincapié en la injusticia que vive la señora Jacinta, no refiere en ningún momento, que al igual que ella, dos indígenas más se encuentran en prisión, acusadas y condenadas por el mismo delito.
Gabriel Alcántara hermano de Alberta Alcántara y esposo de Teresa González, las otras dos indígenas encarceladas, refirió que desde hace tres años, la situación de las familias se ha tornado difícil, económica y moralmente.
Asimismo, destacó que los apoyos que se dijo recibieron por parte de la comisión de Derechos Humanos, "se quedaron en el aire", pues indicó que éstos se han centrado en la señora Jacinta, que es la que ha sido señalada como la "cabecilla" de la "banda" que secuestró a los agentes, por lo que se ha dejado de lado a Alberta y Teresa, quienes también se encuentran condenadas a 21 años de prisión.
Además, Gabriel Alcántara dijo que si no han buscado el apoyo de alguna autoridad o instancia que pudiera ayudarlos en este caso, es porque desconocen a dónde acudir, "mi hermana trabajaba en una fábrica de ropa y mi señora era ama de casa... nunca habíamos tenido un problema así".
Es así que este caso se mantiene abierto, solamente porque el Doctor en Derecho, luchador social y defensor de las causas injustas, Arnulfo Moya Vargas, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la diputación federal por el segundo distrito, ha recurrido a la corte interamericana, para solicitar la libertad inmediata de estas tres indígenas por considerar un acto aberrante del juzgador, discriminatorio y de injusticia social.
"En el caso de nosotros, acudimos ante la corte interamericana, la figura que usamos fue la del amicus curie y que fue aceptada en el expediente 252/2009 que ha sido turnado allá, está emplazado el presidente Calderón, le pidieron ya dos informes a él, al presidente de la corte y nosotros en cualquier momento esperamos una decisión respecto de la libertad de estas 3 personas acusadas injustamente".
No obstante, procesalmente, el caso se encuentra a la espera de una sentencia denominada interlocutoria, la cual explicó Moya Vargas, va a decidir si se les libera o no en los próximos días, por lo que sostuvo que esta decisión se ha retardado, debido a que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que es la parte demandada, no ha mandado en su totalidad el expediente que solicitó la corte interamericana.
Diario Rotativo de Querétaro
