Desde el pasado 11 de julio el representante legal de la firma de arquitectos de Teodoro González de León, presentó la promoción de un juicio político ante el Congreso del Estado -dado que esta es la autoridad encargada de considerar la pertinencia de un juicio de esta naturaleza- en contra de Covarrubias Herrera, debido a que el contrato por la realización del proyecto de la ciudad de las artes, y del teatro metropolitano que fue contratado por Gobierno del Estado el 4 de diciembre del 2006 fue violado.
Moreno Mendoza explicó, que el 14 de agosto del 2007, sin haber rescindido el contrato con la firma de Teodoro González, Gobierno del Estado, a través del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, contrató los servicios del Arquitecto José de Arimatea Moyao López.
"Nosotros queremos promover el juicio político en virtud de que consideramos que el Arquitecto José Luis Covarrubias ha violentado no solamente la Constitución sino también las leyes de orden público como es la Ley de Obra Pública del Gobierno del Estado, al haber asignado, sin haber enviado una licitación pública el contrato de la concesión del Teatro Metropolitano al Arquitecto José de Arimatea Moyao López", dijo.
Argumentó también ante el Congreso del Estado, que la obra del Teatro Metropolitano que realizará el segundo arquitecto contratado, Moyao López, es un plagio, ya que dijo, es el mismo diseño, pero con unos cuantos árboles.
"Sí iniciaremos un proceso de averiguación, si hay un plagio pues tendremos que adoptar las instancias necesarias y bueno pues tendrán que ser los peritos en la materia los que verán si hay plagio", dijo.
Jesús Alfredo Moreno Mendoza, precisó que el contrato de la firma de Teodoro González sí fue rescindido, pero la rescisión de dicho contrato concluyó hasta el 25 de octubre del 2007 por lo que, dijo, Gobierno del Estado contrató el servicio de otro arquitecto antes de haber rescindido el primer contrato.
Como parte de las pruebas, mencionó que el funcionario incluso mandó un documento a la firma del Arquitecto, haciendo de su conocimiento que su contrato estaba en proceso de rescisión con fecha del 22 de noviembre del 2007, días después de que el proceso ya había terminado.
El 11 de julio el representante legal de la firma de arquitectos acudió ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para hacer de su conocimiento las intenciones de promover el juicio político en contra del funcionario estatal, por lo que le corresponde a la Comisión Instructora del Congreso, presidida por el Diputado priísta Jaime Escobedo Rodríguez, dictaminar el proceso, para que después sea votado por el Pleno de la Legislatura.
Escobedo Rodríguez, tiene 15 días para convocar a los miembros de la Comisión.
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