Pugnará PRD por ley de competencia económica “pro-consumidor”

11 de Marzo de 2014
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México, 11 Mar (Notimex).- Legisladores del PRD adelantaron que en la discusión de la ley secundaria en materia de competencia económica centrarán el debate en 11 puntos, con el fin de que esta legislación tenga capacidad de ir a fondo para combatir las prácticas monopólicas y se beneficie a los consumidores.

En conferencia de prensa señalaron que los consumidores continúan enfrentando mercados monopolizados que los obligan a pagar mayores precios por productos y servicios que compran.

El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, expuso que, en la medida en que se logre que la Ley Federal de Competencia Económica regule las prácticas monopólicas y anticompetitivas el país avanzará de manera significativa.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estuvo acompañado por los diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Cuéllar, Carlos Augusto Morales, Guillermo Sánchez Torres y Silvano Blanco, así como por los senadores Armando Ríos Piter y Luis Sánchez.

Aureoles explicó que esta normatividad tiene una importancia superior para el PRD por todas las implicaciones e impactos que tiene en la vida económica del país y en el desarrollo y crecimiento económico.

“Queda totalmente demostrado que en aquellas economías en donde privan los monopolios y las prácticas anticompetitivas quienes pagan el precio son los consumidores”, advirtió.

Cuando los consumidores tienen que acudir al mercado en el que prevalece un ambiente de monopolio el costo de lo que consumen se eleva de un 22 a un 40 por ciento, lo que “golpea y limita las oportunidades de crecimiento y desarrollo del país”, precisó.

Por ello subrayó la importancia de que en la nueva ley en materia de competencia se priorice el combate a los monopolios, en beneficio de los consumidores.

“Este instrumento jurídico sería un paso fundamental para acabar con estas prácticas que afectan no solamente la capacidad de crecimiento del país, sino directamente el bolsillo de las familias de los consumidores”, dijo.

El senador Armando Ríos Piter apuntó a su vez que los legisladores de su partido buscan una posición común en el debate de la Ley Federal de Competencia, para que con este ordenamiento se “logre modernizar la vida institucional para fomentar la competencia” y se priorice el bienestar de los consumidores.

“Estamos convencidos de que uno de los principales instrumentos para combatir la enorme desigualdad, la raquítica distribución del ingreso que tenemos en nuestro país, es fomentar la competencia en mercados que están sumamente concentrados”, sostuvo.

Anotó que se deben combatir las prácticas monopólicas, ya que las familias más pobres dedican alrededor de 30 por ciento de su ingreso a alimentos que derivan de mercados concentrados, como la tortilla, la leche, el huevo, el pollo y el agua potable.

La Ley Federal de Competencia debe garantizar el acceso a estos bienes de consumo, ser “pro consumidor y proactiva”, y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, indicó.

El diputado Carlos Augusto Morales López destacó la importancia de que la nueva legislación limite el poder de las grandes empresas monopólicas en el país, y ataque el “freno al desarrollo tecnológico” al que imponen a los pequeños empresarios.

El senador Luis Sánchez Jiménez agregó que México “llega tarde” a la regulación de las prácticas monopólicas y anticompetitivas, lo que ha impedido que se desarrolle económicamente durante décadas, y se manifestó en favor de fomentar la competencia con reglas, pero que se priorice el beneficio de los consumidores.

Mencionaron que el PRD centrará su discusión en 11 puntos y son: Ley Federal de Competencia Económica pro-consumidor; Interés legítimo para interponer denuncias ante la Comisión Federal de Competencia Económica en el caso de las prácticas monopólicas relativas; y Régimen especial de monitoreo en sectores claves de la economía.

Además Desincorporación de activos; Transparencia y rendición de cuentas; Facultades de CFCE para promover controversias constitucionales; Definición de criterios en la CFCE; y Evaluación de los impactos económicos de prácticas anticompetitivas.

También Investigaciones promovidas por el Ejecutivo Federal o Procuraduría Federal del Consumidor; y Opiniones de la CFCE en materia de competencia y delimitación de nuevas penas de prisión.

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