México, 27 Nov (Notimex).- Las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron por unanimidad, en lo general, el dictamen de la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Trata de Personas.
La propuesta prevé imponer de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días de sanciones económicas a quien para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.
Los legisladores acordaron que las reservas de los diferentes grupos parlamentarios serán discutidas en el pleno.
De acuerdo con el dictamen, el concepto de prescripción no operará en el delito de trata de personas y será una conducta continuamente perseguida cuando sea cometida contra menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el hecho o para resistirlo y derive de un ataque sistematizado y generalizado contra la población.
Asimismo se amplía el espectro de protección, al preverse como bien jurídico tutelado no sólo la libre personalidad, sino ante todo la dignidad humana, un derecho raíz y base de todos los demás.
A propuesta de los representantes del Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano, las comisiones avalaron modificaciones al Artículo 3 de dicha ley.
Esto para que la extracción de órganos sea un delito acumulable al de trata de personas, así como para que la ley general se armonice con la jurisprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.
Se acordó, además, eliminar la palabra “sometimiento” en el artículo 10, se aclara que la trata de personas tiene fines de explotación y se precisan todas las modalidades de este delito.
En el Artículo 84, fracción IV, se especificó la atención de los derechos a la salud sexual y reproductiva.
En tanto que el séptimo transitorio establece que las erogaciones que se generen con la vigencia de esta reforma, se cubrirán con el presupuesto aprobado para las dependencias federales correspondientes, por lo que no se autorizarán ampliaciones.
De esta forma los diputados aprobaron modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que consolidan el mandato constitucional para maximizar “a una alta expresión” los derechos humanos.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado José Alberto Rodríguez Calderón afirmó que el Artículo 10 se reestructuró para precisar lo que debe entenderse por trata de personas y sus modalidades.
Otro tema central es la ratificación de la decisión del Senado para que vincular a las víctimas con el fondo previsto en la Ley General de Víctimas vigente, porque prevé recursos asignados y además cuenta con el comité especializado para atender de forma diferenciada a quienes padecen de trata.
Esther Quintana Salinas aseveró, a nombre del Partido Acción Nacional (PAN), que ahora se dan al legislador y al Ministerio Público todos los elementos humanamente posibles para que se haga justicia y que además de castigar, se inhiba a quien se dedica a esa actividad ilícita.
“Todo el que tenga que ver con este delito ya no se va a lavar las manos. Se ha hecho un esfuerzo muy importante para que en México, quienes se dediquen a la explotación y envilecimiento de personas, ahora sí se topen en pared”, externó.
Su compañero Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que este instrumento legal será una herramienta para dar certeza jurídica y atacar frontalmente este acto ilícito, y llamó a las procuradurías General de la República y estatales a aplicar la ley de forma irrestricta.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Antonio Cuéllar Steffan destacó la importancia de perfeccionar la minuta del Senado para darle certidumbre y perfecta armonía a la Ley General de Trata de Personas, a fin de que los jueces la apliquen estrictamente.
José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, adelantó que su grupo legislativo presentará reservas en el pleno e indicó la necesidad de incorporar en el artículo tercero la vinculación de la Ley General de Trata de Personas a la jurisprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo (PT), refirió la importancia de vincular el tráfico de órganos con el delito de trata de personas, además de destacar la pena corporal de cinco a 15 años a quien rente inmuebles que sean utilizados para perpetrar este delito.
Aprueban en comisiones dictamen que reforma la Ley General de Trata
27
de Noviembre
de
2014
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