La trata de personas en México con marco legal incompleto: senadora

Por Luis Carlos Rodríguez G.

México, 27 Oct. (Notimex).- La trata de personas en México, que involucra sobre todo a mujeres y niños nacionales y extranjeros, que ingresan al país o son trasladados a otras naciones para explotación sexual y laboral, no cuenta con un marco legal eficaz para frenarlo.

De acuerdo con diversas organizaciones y estudios, dicho delito involucra a 20 mil víctimas cada año en el país.

La presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas del Senado, Adriana Dávila Fernández, consideró que se requieren cambios legales para afinar los mecanismos de vigilancia en aeropuertos y centrales de autobuses, donde las redes de tratantes tiene presencia y se han convertido en puntos de ingreso y salida de las víctimas.

En entrevista con Notimex, agregó que "se trata de un fenómeno internacional, donde las redes de tratantes de personas, sobre todo las dedicadas al tráfico y explotación de mujeres y niñas, están usando aeropuertos y centrales de autobuses mexicanos para traer extranjeros al país, ya sea para permanecer aquí o ser un trampolín rumbo a Estados Unidos".

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que aeropuertos, terminales de autobuses y otros lugares como las zonas fronterizas son "focos rojos" donde operan las redes de trata y donde se requieren reformas para un control más efectivo del ingreso al país, así como programas para fortalecer la vigilancia.

Sobre si se requiere una limpia en las aduanas y estaciones migratorias de aeropuertos, ante los recientes casos que evidencian corrupción en el tráfico de mujeres extranjeras que ingresan a México como parte de estas redes de trata, dijo que más que una "purga" se requieren operativos para detectar a estos grupos de delincuencia.

En el caso de las centrales de autobuses, Dávila Fernández opinó que están siendo usadas por las redes de trata para detectar y engañar a jovencitas que llegan de estados del sur y centro del país, y son llevadas a otros estados o a centros de prostitución de esta capital, como La Merced y Mixcalco.

A su vez, Mario Luis Fuentes, del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), refirió que según un informe de la embajada de Estados Unidos, el gobierno de México, en 2012, "no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, hace esfuerzos considerables por lograrlo".

"Durante el año de este informe, las autoridades mexicanas aprobaron reformas constitucionales sobre la trata, reforzaron los empeños de capacitación y concienciación; y aumentaron significativamente las condenas por trata a nivel nacional y estatal, logrando la condena de al menos 14 acusados de trata de personas", cuando es un delito que involucra a 20 mil víctimas anuales.

Al respecto, Adriana Dávila Fernández destacó que el Senado analiza una reforma, firmada por 50 legisladores, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Explicó que se busca clarificar conceptos y especificar las conductas para sancionar todas las formas delictivas de la trata de personas y así evitar la impunidad en este delito.

Dentro de las reformas significativas que presenta la iniciativa se encuentran: la obligatoriedad de interpretar la ley de conformidad con el derecho internacional, se prohíbe imputar el delito a la víctima "por su forma de vida", así como ampliar el margen de protección a las víctimas.

La iniciativa sanciona la extracción de órganos, tejido o componente como modalidad de trata de personas, se amplía el margen de protección, se contemplan nuevas hipótesis de agravación de las penas y se reconfigura el delito de esclavitud, en armonía con las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.

La legisladora por Tlaxcala, uno de los estados con mayor incidencia en bandas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, adelantó que en breve presentará también una iniciativa para fortalecer la vigilancia en aeropuertos y terminales de autobuses.

En este sentido, dio a conocer que presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales a diseñar y ejecutar un plan eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en aeropuertos del país.

La propuesta dirigida a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, busca abatir los casos de corrupción en aeropuertos como el de la ciudad de México, donde se descubrió el ingreso de jóvenes extranjeras, sin documentación y sin pasar por los controles migratorios.

Recordó que el 23 de septiembre se publicó una investigación basada en testimonios de víctimas que aportan elementos para identificar redes criminales integradas por agentes migratorios, empleados de aerolíneas y policías federales, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Las víctimas son reclutadas en el extranjero mediante la promesa de obtener trabajos mejor remunerados y al llegar a la ciudad de México, después de ser vigiladas durante el trayecto, son trasladadas a centros de explotación sexual", refirió la legisladora panista.

Cabe mencionar, dijo, que sus datos personales y su identidad les son arrebatados, toda vez que sus documentos migratorios desaparecen.

Dávila Fernández sostuvo que las cadenas de corrupción en esos actos son evidentes y el personal que labora al interior de las dos terminales aéreas se encuentra infiltrado por el crimen organizado.

Externó que se trata de "una cadena delictiva que cuenta con la participación de funcionarios: comienza con el reclutamiento, pasa por el transporte y concluye con el sometimiento y explotación de las víctimas y que se están aprovechando de los vacíos legales que existen para operar con impunidad en México.