Evalúa Ecuador avances y retos de Plataforma de Beijing

Quito.- 03/03/2015 (CIMAC).- Aunque hay resultados, también quedan numerosos desafíos en el ámbito educativo y de acceso a la enseñanza por parte de mujeres y niñas, uno de los temas que con mayor fuerza se ha seguido en el país, asociado a los acuerdos de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, realizada en 1995, para promover los derechos femeninos.

Así trascendió durante el encuentro “Educación y Capacitación de Mujeres. Avances y Desafíos”, en el aniversario 20 de la Plataforma de Beijing, que evaluó en la capital de Ecuador los principales retos y avances registrados en este país andino.

Organizado por la sede de ONU-Mujeres en Ecuador, el encuentro contó con la participación de esta organización, la UNESCO, representantes del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y, de forma virtual, estudiantes y docentes de varias universidades nacionales.

La cita, parte de un programa nacional para promover la reflexión en cada uno de los temas relacionados con el empoderamiento femenino, abordó temas como: mujeres, generación de pensamiento y conocimiento científico; mujeres indígenas y educación formal; y discriminación de género en la educación superior.

Saadia Sánchez Vegas, directora de la Oficina de UNESCO en Quito, destacó que “Ecuador presenta importantes avances en la paridad de género en el sistema educativo, evidente en que el porcentaje de asistencia de niñas, adolescentes y mujeres ha crecido con más rapidez y en mayor valor absoluto que el de los niños, adolescentes y hombres para los niveles de educación general básica, bachillerato y educación superior”.

Otro logro nacional es la inclusión del debate acerca de la igualdad de género en el escenario universitario, donde existen políticas para lograr mayor presencia femenina, en particular en los puestos de dirección y toma de decisiones.

Y aunque no es suficiente con la representatividad numérica ni las normativas no cambian por sí solas las condiciones de la discriminación, constituyen los primeros pasos importantes en el objetivo de lograr la igualdad de género en este ámbito.

Otro de los temas que desde las políticas públicas y las diferentes instituciones se ha trabajado con mucha intensidad es la violencia, donde destaca un marco jurídico enfocado a la no discriminación.

Cerca de la mitad de las 88 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional contienen disposiciones relacionadas con el principio de igualdad y Derechos Humanos de las mujeres.

Otra acción que destaca es la creación de los juzgados especializados en violencia, Centros de Atención y Casas de Acogida a víctimas de violencia, unidades dedicadas a la investigación de delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Otro avance en el ámbito jurídico es la inclusión, por primera vez en el país, de la figura del feminicidio en el Código Integral Penal, que establece entre 22 y 26 años de prisión para quienes cometan este tipo de delito, calificado como crimen contra una mujer por el hecho de serlo o por su género, aunque existen otras formas de violencia que aún no se condenan, como la patrimonial o económica.

Desde los gobiernos locales e instituciones, se han desarrollado diversas campañas de sensibilización para llamar la atención acerca de las diferentes formas de violencia, que afectan a seis de cada 10 ecuatorianas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Entre esas iniciativas, destacan “Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia”, “Infórmate, Habla, Actúa. Por un Ecuador Libre de Violencia contra las mujeres y las niñas” y, recientemente, la campaña “NO más cruces rosadas” contra el feminicidio.

Con el objetivo de fomentar la seguridad ciudadana en general y de las mujeres y niñas en particular, se desarrolla también en Quito el proyecto “Ciudades Seguras”, liderado por ONU-Mujeres en Ecuador, cuya intención es convertir los espacios públicos en sitios libres de violencia.

Resultado de las acciones de diversas instituciones, ha aumentado la cantidad de denuncias; sin embargo, aún persiste el temor entre las agredidas, por lo que a nivel nacional se unen los esfuerzos de varias entidades para capacitar entes jurídicos y a nivel de la sociedad civil, en sentido general.

Acciones recientes como la capacitación a legisladores, así como proyectos escolares con enfoque de género y de seguridad ciudadana resaltan entre las iniciativas nacionales en la lucha contra la violencia de género.

Más allá de legislaciones, medidas, decretos, que por sí solos no eliminan la violencia, se precisa de acciones educativas a todos los niveles, para transformar los patrones culturales que naturalizan la subordinación femenina y legitiman la discriminación.

Igualmente sucede con la salud sexual y reproductiva, asunto de gran impacto en la sociedad ecuatoriana y en el cual quedan muchos pendientes.

Desde los mecanismos formales, se han incrementado las garantías, especialmente en la inversión en salud, lo que ha permitido reducir el riesgo de mortalidad materna mediante un mayor acceso a los exámenes prenatales.

La muerte materna se inscribe entre los temas que deberá enfrentar decididamente el gobierno, según informa la agencia de noticias ANDES. En 2014 se registraron al menos 160 muertes por esa causa. El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 contempla “reducir la razón de la mortalidad materna en 29 por ciento”.

DERECHO AL ABORTO
Sin embargo, resulta significativa la lucha que se mantiene por la despenalización del aborto, entre los principales problemas que aún persisten no solo en el ámbito sanitario, sino en materia de derechos para las mujeres.

Las limitaciones de este hecho a corto y largo plazo incluyen, en mayor medida, la persistencia de embarazos en la adolescencia, dada también por una limitada educación sexual, la interrupción de estudios y, por tanto, menores oportunidades en el ámbito laboral. En muchos casos, además, emergen situaciones de violencia derivadas de la dependencia económica.

Actualmente, la situación de las niñas y adolescentes en relación con el embarazo y el aborto es alarmante. Aunque han descendido las cifras desde 2009, la primera causa por la que asisten hoy al hospital las niñas entre 10 y 17 años es el parto, según se conoció el 23 de febrero en un conversatorio realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Durante el encuentro trascendió, además, que fueron atendidos cerca de nueve mil casos de aborto en estas edades.

Asistentes al evento también reconocieron logros tras la adopción de la Plataforma de Beijing en materia de derechos de la niñez, incluidos la creación de un marco jurídico acorde con la Convención de los Derechos del Niño, que 90 por ciento asistiera a la escuela primaria y 97 por ciento de las niñas hasta 14 años tuvo acceso a la educación básica.

Con respecto al matrimonio infantil, se planteó que aún en tres provincias ecuatorianas es notoria la unión precoz.

Aunque los indicadores de pobreza femenina han disminuido a partir de políticas de seguridad social que han favorecido la afiliación a la seguridad social del 48 por ciento de las trabajadoras domésticas, persisten dificultades asociadas al trabajo informal, la diferenciación salarial, el acceso a los empleos mejor remunerados y a los recursos, con mayor incidencia en las zonas rurales.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
En esta nación andina, como en el resto de América Latina, la feminización de la pobreza ha sido constante, por lo que las estrategias para eliminar esta brecha en el avance de las mujeres parten de una estrategia multidimensional, cuyo primer paso es el reconocimiento de la desigualdad.

“El analfabetismo en Ecuador tiene rostro de mujer, de mujer indígena, por su triple marginación como mujer, pobre e indígena”, precisó en entrevista con SEMlac Ana María Larrea, secretaria técnica para la Erradicación de la Pobreza.

Las diferencias en el mercado laboral, donde el subempleo femenino es aún 10 por ciento superior al masculino, provocaron significativos cambios en el Código de Trabajo, que ofrece más garantías a las mujeres, aunque aún deben ocurrir numerosas transformaciones sociales y culturales para romper el ciclo de feminización de la pobreza.

De 2007 a la fecha, la brecha salarial se ha reducido en más de 14 por ciento, y aunque la igualdad en ese aspecto está planteada en la Constitución, las ecuatorianas en general reciben menos remuneración que los hombres por igual labor.

En materia de participación política, Ecuador ocupa un lugar privilegiado entre los países de la región. Aunque esa participación es aún insuficiente para los resultados que se quieren alcanzar, de acuerdo con estadísticas de ONU-Mujeres, de enero de 2003 a julio de 2012 se produjo un incremento de la presencia femenina en los gabinetes ministeriales en cerca del 10 por ciento.

Si bien es cierto que las cifras por sí solas no constituyen un método de evaluación efectivo, sí resulta notable cuando se establece un paralelo con las acciones institucionales y la voluntad política, junto a las alianzas entre diversas entidades que colaboran para revertir las desigualdades de género en el país.

Por: Karina Escalona