Asesinados 132 administradores municipales italianos desde 1974

Roma, 3 Mar (Notimex).- Desde 1974 un total de 132 administradores municipales italianos, sobre todo alcaldes, han sido asesinados en acciones atribuidas fundamentalmente a la mafia, según reporte presentado hoy ante el Parlamento.

El documento, de más de 200 páginas, encendió los reflectores sobre el fenómeno de la intimidación contra administradores locales.

Señaló que entre enero de 2013 y abril de 2014 fueron registrados mil 265 actos intimidatorios contra autoridades municipales, mientras que desde 1991 han sido emitidos 254 decretos de disolución de ayuntamientos infiltrados por la mafia.

Asimismo, resaltó que desde 1974 se dieron 132 homicidios de administradores municipales o candidatos a elecciones.

Según el reporte, la región con mayor número de actos intimidatorios contra autoridades locales es Sicilia, cuna de la mafia de Cosa Nostra, seguida de Puglia y Calabria, sedes, respectivamente, de las organizaciones criminales de la Sacra Corona Unita y la Ndrangheta.

Esas regiones, al lado de la isla de Cerdeña, registraron el 63 por ciento de los casos de intimidaciones, dijo el reporte presentado al Senado.

Indicó que aunque la mayor parte de los ataques son atribuidos a la mafia, hay también un creciente porcentaje de acciones realizadas por motivos económicos, en especial por recursos no erogados.

El documento precisó que en el norte del país los agresores suelen ser integrantes del llamado movimiento antagonista u opositores a la construcción del tramo entre Turín y Lyon (Francia) del Tren de Alta Velocidad europeo.

Los actos intimidatorios incluyen lanzamiento de bombas a mano, incendios de vehículos, agresiones físicas y amenazas verbales o escritas.

En lo que se refiere a los municipios disueltos por infiltración mafiosa, el informe señaló que el mayor número se registraron en las sureñas regiones de Puglia (7.4 por ciento), Campania (6.3 por ciento) y Calabria (5.1 por ciento), mientras hay poca información sobre las dimisiones forzadas (a través de amenazas) de juntas y consejos municipales.