Jurista critica uso de armas contra manifestaciones en Venezuela

Caracas, 30 Ene (Notimex).- Una reciente resolución del Ministerio de Defensa de Venezuela que permite el uso de “armas letales” para controlar manifestaciones públicas es inconstitucional y viola los tratados de derechos humanos, advirtió hoy el abogado Pedro Nikken.

“Esa resolución es contraria a la Constitución, que expresamente prohíbe el uso de ese tipo de armamento frente a las manifestaciones para controlar el orden público”, explicó a Notimex Nikken, ex presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Nikken recordó que el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza expresamente que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, tal como plantea la nueva resolución.

Asimismo, el jurista consideró que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) obliga al Estado venezolano a preparar a sus cuerpos policiales acorde a los principios democráticos.

“Una de las condenas de la Corte, que Venezuela nunca ha cumplido, era la organización de las fuerzas del orden público en forma acorde con los valores democráticos y los derechos humanos”, añadió.

Esta sentencia de la Corte-IDH se remonta al estallido social conocido como “El Caracazo”, de febrero de 1989, al que el Estado venezolano respondió reprimiendo con armas de fuego y dejando un saldo de centenares de muertos.

La resolución actual permite el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión”.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a los críticos de “descontextualizar” el “hermosísimo” documento que es una respuesta a los planes de “poner en zozobra al pueblo de Venezuela”.

Nikken desestimó que existan tales planes al señalar que, por el contrario, en Venezuela “existe una situación social explosiva” causada por la espiral inflacionaria y la escasez de productos básicos que genera grandes filas en los mercados.

El catedrático de la Universidad Central de Venezuela (UCV) agregó que esta situación es parecida a la que precedió al “Caracazo” en 1989, pero el gobierno en vez de resolver la inflación y la escasez se prepara para reprimir.

“El gobierno responde con la amenaza del uso del poder letal de la fuerza pública para combatir esas manifestaciones, o sea, repite de manera expresa a través de un acto jurídico las condiciones que privaron en febrero de 1989”, lamentó.

Sin embargo, Nikken se mostró esperanzado en que el defensor del pueblo, Tareck William Saab, “tenga una reacción oportuna” contra la resolución, debido a “su pasado como activo defensor de los derechos humanos