Desde la Universidad Iberoamericana, acompañadas por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, llamaron a Rafael Moreno Valle, gobernador del estado a frenar la impunidad en la que se mantienen los ataques contra el CAT pues la campaña de descrédito y descalificación por los empresarios provocan miedo y ponen en riesgo inmediato la vida de los defensores.

Aseguraron que estas declaraciones tienen un impacto intencional colateral en los trabajadores de Puebla, para también, desanimar cualquier acto de reclamo laboral. Pidieron al ejecutivo, hacer una aclaración pública señalando que CAT simplemente es una organización legalmente incorporada que hace un trabajo reconocido por las autoridades.

También pidieron a Moreno Valle garantías para la vida y la seguridad de los activistas quienes están en serio peligro en este Estado tan solo por visibilizar la enorme injusticia en la que los y las trabajadoras viven, las violaciones a sus derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas, así como la violencia en la precarización en sus centros laborales. La mayoría de estas violaciones documentadas por el CAT han sido cometidas en Puebla por empresas transnacionales.

Rosalinda Márquez, representante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC, no descartó una demanda penal por difamación y amenazas en contra del líder de la Canacintra por realizar declaraciones sin fundamento e intimidatorias.

Las ONG pidieron que el Estado Mexicano exija el compromiso de realizar un proceso de formación y difusión al interior de la Canacintra sobre el marco legal y las obligaciones del gobierno y las empresas para garantizar el derecho a defender los derechos laborales en México.

Se incluye la petición de la implementación de una campaña masiva y constante “hasta que no cesen los hostigamientos contra defensoras de derechos humanos en Puebla”

“De manera urgente, exigimos que las autoridades competentes realicen de manera efectiva su obligación de investigar y sancionar los ataques contra el CAT que ya se han denunciado, así como el conjunto de denuncias que están todavía sin resolver por ataques contra defensoras y defensores en México” pidió Márquez.

Loraine Clewer, representante en México de la Red de Solidaridad y de la American federation of Labor AFLCIO, aseguró que las declaraciones del empresario Luis Espinoza Rueda lastimosamente demuestran una visión miope defectuosa de lo que es el desarrollo económico y cómo funciona.

La exigencia de las peticiones de la ProDESC está respaldada al menos por 150 organizaciones nacionales a las que se unieron la Federación Internacional de la Industria Metalurgica, la International Metal Workes Federation. FITIM, la United Steel Wokers USW, la UE United Electrical Workers y la MSN Red de Solidaridad de la Maquilade Canadá y el Proyecto de Educación Laboral de las Américas.

Hay que recordar que luego de que Blanca Velázquez, presidente del CAT emprendiera la defensa de trabajadores de Johnson Controls, en noviembre de 2010 sus oficinas fueron allanadas, hubo robo de equipo, archivo y golpes a activistas.

En las oficinas se leía con grandes letras rojas “No saben con quién se están metiendo”, a esto siguieron llamadas amenazantes que recordaban el secuestro y el eventual asesinato de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos.

Blanca regresa a Puebla y retoma la defensa de trabajadores, dijo llegar a sus oficinas con medidas cautelares para su protección ordenadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también con miedo “Tengo miedo, sí, de la colusión de autoridades con empresarios, pero no me dejare vencer, voy a dar la batalla, voy a defender lo que creo, la justicia, alguien tiene que hacerlo” dijo.

Las organizaciones señalaron que las acciones gubernamentales carecen de voluntad política y están siendo insuficientes para proteger a las personas que defienden los derechos humanos, en especial a las defensoras de derechos humanos laborales, amenazadas tanto por actores estatales como empresariales.