Carla Espada sabe lo que es vivir la angustia de estar lejos y a punto de perder a su hija, porque su ex pareja la denunció por abandono. El hombre nunca asumió su paternidad, ni en lo económico ni en lo moral, pero reclamó su derecho a la custodia de la pequeña de un año y seis meses, cuando supo que la madre de la niña había emigrado a España.

Una defensoría municipal de la niñez, de la ciudad de La Paz, lo apoyó. Ella se separó del hombre que la agredía y que nunca se interesó en conocer a su hija. La falta de oportunidades laborales hizo que decidiera emigrar, cuando su bebé tenía seis meses, con la esperanza de ahorrar y regresar a Bolivia. Su mamá y su hermana se quedaron con la niña, ya que vivió con ellas desde que nació. Esa era la familia que tenía.

Pero el hombre se presentó ante la Defensoría de la Niñez de la zona Sur de la ciudad de La Paz, donde inició un proceso por abandono de menores y logró que la pequeña, que ya tenía más de un año, fuera arrancada de los brazos de su abuela y de su tía, e internada en un hogar de niños y niñas abandonadas. Dos días después, fue entregada al padre que era un completo extraño.

En su impotencia y desesperación, Carla acudió a la Embajada de Bolivia en España en busca de ayuda, pero sólo encontró indiferencia. Entonces consiguió dinero para el pasaje, dejó su trabajo y en cuatro días ya estaba de regreso en La Paz para recuperar a su hija.

Carla Espada no se conformó con recobrar a la niña, también denunció a los tres funcionarios que tomaron esas decisiones. Además, en su peregrinar por las oficinas de la Defensoría de la Niñez, ha conocido a otras mujeres y a sus hijos e hijas que han resultado víctimas de la institución que debía protegerlas.

En mayo, aprovechando el Día de la Madre, junto con el movimiento feminista Mujeres Creando, organizaron una caminata y una protesta en las puertas del municipio.

El propósito de la acción fue entregarle al alcalde de La Paz, Juan del Granado, una carta cuestionando que las defensorías condenen a las madres que emigran, para poder enviar dinero(a) sus hijos e hijas, y más bien respaldan a los padres, omitiendo antecedentes como la irresponsabilidad y acatando normas que ignoran que hay varios tipos de familia, incluso a riesgo de ocasionar un daño irreparable en niños y niñas.

Las remesas en la mira

El director nacional del Área Psicosocial de la Asociación de Cooperación Bolivia-España (ACOBE), Wilge Arandia, está consciente de que este tipo de situaciones, además de la separación, están generando otros traumas en niños, niñas y adolescentes.

Para la organización, es un dilema la forma en que otras instituciones tratan las situaciones derivadas de la migración, como la custodia de menores, por ejemplo.

Una dificultad está en las mismas normas, dice a SEMlac, y su aplicación al pie de la letra por parte de funcionarios que no consideran otros aspectos.

Por ello mismo, ACOBE está promoviendo encuentros con las diferentes instituciones involucradas en la temática para debatir sobre situaciones complejas, como el hecho de que algunos padres disputen la administración del dinero que envían las mujeres para sus hijos e hijas y hasta obtengan la custodia, acusando a la madre de abandono.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondientes a 2006, las remesas en Bolivia suman 860 millones de dólares al año, monto que constituye el segundo ingreso más importante del país. Cada familia promedio recibe entre 50 y 300 dólares al mes.

Se calcula que unos tres millones de bolivianos y bolivianas están afuera del país y más de la mitad son mujeres.

Carla Espada cree que el dinero que ella enviaba fue lo que motivó a su ex pareja a pedir la custodia de la niña. La certeza se la da el hecho de que el hombre no volvió a aparecer. Como antes, él no aporta para su crianza. Ella no ha podido conseguir trabajo y todavía tiene pendiente la deuda que contrajo para regresar.

Un concepto cuestionado

El concepto que existe de familia es lo que está en cuestión, dice Carla Espada, y el criterio de las y los funcionarios que deciden sobre la situación de los niños y niñas que se quedan cuando sus madres emigran. "Son personas que actúan sin criterio y sin juicio", porque, en su caso, la niña se quedó con la abuela y la tía, es decir con la familia que tuvo desde que nació.

"Partimos de que la familia está constituida de diversas maneras, pero la sociedad resalta la familia nuclear (padre, madre e hijo). Es imposible hacer entender a alguien que vive con su abuelo que forman una familia, cuando en el colegio se festeja el Día de Padre y el Día de la Madre. Mucha gente vive con su hermano mayor, y eso es una familia", sostiene Arandia.

El problema es similar cuando se trata de hacer entender a las y los investigadores de los efectos de la migración en la niñez que el concepto impuesto de familia nuclear quedó atrás hace mucho tiempo, y no precisamente por los procesos migratorios, sino por una serie de factores, entre ellos el machismo.

Es un gran reto el que se asuma que hay una diversidad de familias. Él está consciente de que el concepto debe ser revisado para estudiar los efectos de la migración. Su equipo, aseguró, trabaja actualmente en ese aspecto, pues ese puede ser un punto de partida para tratar de forma más efectiva el trauma de la separación que se da sobre todo en madres, hijos e hijas, y que se busca apaciguar con bienes materiales.

"¿Desestructuración familiar?"

Arandia cuestiona las investigaciones que mencionan que las familias están desestructuradas por efecto de la migración, porque no existe necesidad de introducir el factor migratorio para darse cuenta de que muchas familias sí están "desestructuradas", si se considera un modelo único de familia impuesto en las sociedades.

Esto se da porque "cada investigador está contaminado de ciertos principios y valores". "Nosotros estamos tratando de cambiar esa idea porque también son valores que se nos han inculcado desde el colegio, estamos en ese plan de reflexionar para no hablar de esta desestructuración familiar como efecto de la migración", explicó.

Arandia disertó en el seminario "Los efectos de la migración de padres y madres, en las diversas esferas de la vida de niños, niñas y adolescentes", organizado por ACOBE, la Asociación de Migrantes Bolivia-España , Comunidad de Madrid y UNICEF.

Los representantes del Defensor del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Pastoral de Movilidad Humana, la Fundación Encuentro, el Instituto de Terapia e Investigación, el Ministerio de Salud, Preadolescentes y la Fundación Inclusión Social en el Mundo hablaron sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su protección y la prevención de los efectos de la migración, entre otros tópicos.

Frente a la posición de Arandia, está la de otras entidades que trabajan en el marco de la familia nuclear. La UNICEF planteó específicamente la "desintegración familiar" como uno de los riesgos de la migración para la niñez y adolescencia, y la generación de una "familia ampliada" -por lo general, abuelas, tías, hermanas y hermanos- que no les garantiza seguridad física ni emocional.

El organismo internacional cuestiona además la situación irregular de la custodia, cuando niños y niñas se quedan bajo el cuidado de familiares que no sean el padre o la madre.

Carla Espada dejó a su hija con su mamá y su hermana porque sabe que sí son garantía de seguridad, a diferencia del padre. Lo que quiere ahora es tener la custodia legal de la niña, pues no la tiene, y que su ex pareja no tenga derechos sobre ella. Además, está atenta al curso del proceso que inició contra los funcionarios municipales, porque no quiere que su caso quede en la impunidad ni que a otras madres les pase lo mismo.