México, enero (Especial de SEMlac).- La participación política de las mujeres siempre es limitada, reducida, con espacios acotados. Todavía no se logra acceder al 30 por ciento de participación a puestos de elección popular, que en ONU Mujeres es hoy la meta deseada y urgente, según el programa y las declaraciones de actoras de México y de las Naciones Unidas.
Actualmente, las mexicanas de distintos partidos políticos sólo han conseguido incluirse en la legislatura federal, que está por terminar, con 20,3 por ciento como senadoras y 28,1 por ciento como diputadas, según la estadística del Instituto Nacional de Geografía, Informática y Estadística (INEGI).
Este año se renovarán la presidencia de la República, 15 gobernaturas estatales, 14 congresos locales y 769 presidencias municipales o alcaldías.
Es decir, 1.907 autoridades gubernamentales, todas puestos a repartir. Adicionalmente, y de acuerdo con la legislación vigente, se arman planillas municipales que podrían involucrar a más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas.
De acuerdo con la excandidata presidencial Patricia Mercado, hoy líder visible de un proyecto llamado SUMA (de ONU mujeres), la meta inmediata es rebasar el número de congresistas y presidentas municipales, considerando que entre más de 2.500 municipios las mujeres elegidas no rebasan el cinco por ciento.
Una de las cuestiones más importantes -afirmó Mercado a SEMlac- es lograr gobiernos locales para incidir, transformar y desplegar políticas de igualdad y hacer crecer el número de congresistas, locales y federales, a fin de hacer efectivas dos leyes fundamentales: la de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, y la de la igualdad.
El panorama es incierto. La exgobernadora de Zacatecas Amalia García explicó que, tras 20 años de agruparse de distintas formas, las mujeres para lograr en colectivo espacios de participación femenina, hoy, de cara a las elecciones de julio próximo, no hay ninguna iniciativa colectiva y todas las mujeres feministas y conscientes van solitarias en esta tarea.
Ello podría reducir las cifras que se han alcanzado, en lugar de incrementarlas, y pone en riesgo la agenda de las mujeres construida lentamente desde 1975.
El proceso
Aunque las campañas electorales comienzan formalmente en abril próximo, ya hay dos candidatos únicos oficiales: Andrés Manuel López Obrador, por un frente de izquierda progresista, y Enrique Peña Nieto, del antiguo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI).
Integrantes de las redes feministas, como el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, han expresado que ninguno de estos aspirantes garantiza el avance de los derechos de las mujeres y en una larga campaña de 2008 a la fecha, integrantes de los partidos de esos candidatos han votado a favor de darle capacidad jurídica a los no nacidos, con lo que están militantemente en contra de la interrupción legal del embarazo.
Desde la izquierda, además, ya las campañas fueron teñidas no sólo por el uso de los votos femeninos -como sucede en el PRI y en el conservador Partido Acción Nacional, PAN- sino de los cuerpos estigmatizados de las mujeres.
Hubo un concurso de belleza de cara y cuerpo en Zacatecas, promovido por el Partido del Trabajo (PT), el promotor principal de la candidatura de izquierda y, recientemente, durante las giras de precampaña, el abanderado de la izquierda se hace acompañar de jóvenes mujeres conocidas como "morenazas", que aparecen en paños menores y actitud sexista.
De inmediato se iniciaron las protestas. Para la académica feminista Adriana Ortiz Ortega, "el conservadurismo viene duro y renovar los discursos es un reto interesante" y señaló que ahora las mujeres organizadas necesitan construir una respuesta sin reproducir la inquisición y que sea respetuosa y crítica.
El proceso electoral debiera ser una ventana de oportunidad para reafirmar el programa y la agenda de las mujeres, puesto que hay un rezago importante en derechos humanos, participación política, pobreza y discriminación femeninas, comentó a SEMlac la investigadora y activista Elizabeth Maier, de El Colegio de la Frontera Norte, una de las firmantes en la protesta por la utilización del cuerpo de las mujeres.
Lo cierto es que no se aprecia una coordinación o frente para defender lo avanzado en los últimos 20 años, ante una sensación generalizada que ganará el antiguo partido de Estado (PRI). El candidato de esa fuerza política, Peña Nieto, tiene relaciones con el Vaticano, como gobernador desapareció el Instituto de las mujeres y se negó a atender, con la Alerta de ley, el feminicidio.
El Estado de México, donde Peña Nieto gobernó, es el segundo lugar en violencia y homicidios de mujeres.
El conservador PAN está por lanzar su candidatura presidencial, con la propuesta de una mujer: Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación y Desarrollo Social. La decisión se adoptará el 5 de febrero próximo.
El Distrito Federal
El candidato a la jefatura de gobierno en el Distrito Federal, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de corte social demócrata y que ha gobernado en los últimos 15 años, será el exprocurador Miguel Ángel Mancera, quien contenderá con dos mujeres: la exgobernadora y exdirigente del PRI, Beatriz Paredes, e Isabel Miranda de Wallace, ciudadana y madre de un secuestrado y asesinado, elegida por el conservador PAN.
La capital del país (DF) es el centro progresista de México, por la liberación del aborto, los matrimonios gays y una agenda feminista en progreso. Ello significará, según análisis y opiniones de las mujeres, una batalla especial porque las dos aspirantes que tratarán de llegar a ese puesto por dos partidos distraerán a la ciudadanía.
Ambos partidos fueron puntales para intentar acotar, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, y las dos candidatas representan a institutos políticos que no garantizan el avance de las mujeres por sus agendas retrógradas y del pasado.
Candidaturas femeninas
El proceso en México y las candidaturas femeninas, con iniciativas dispersas, son un signo ominoso, según las discusiones tímidas y aisladas de grupos de mujeres que mantienen una intensa discusión en las redes sociales, pero sin mostrar un frente.
Grupos a favor del avance de las mujeres llaman la atención sobre lo acontecido en el país. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, que dirige la activista Daptnhe Cuevas, documenta importantes actividades en el pasado que, como declaró la exgobernadora de Zacatecas, hoy no existen.
Desde 1953, cuando se consiguió el voto ciudadano, se concretaron muchos pactos entre las mujeres para las elecciones y su colocación en los procesos nacional, estatales y locales.
La época reciente comenzó con la Convención Nacional de Mujeres (1991); la Campaña Ganando Espacios y el Plan de Igualdad (1993-1994); la Asamblea Nacional de Mujeres (1996), el acuerdo Avancemos Un Trecho (1997); el Parlamento de Mujeres (1998); el pacto entre candidatas (2000) y procesos diversos en profundidad e incidencia, actuantes y desarrollados en las entidades de la República.
Entre los avances alcanzados están: la instalación de las Comisiones de Equidad y Género en los congresos nacional y estatales y la conformación de agendas puntuales tanto para el legislativo como para ir unificadas con propuestas ante los nuevos gobiernos y gobernantes.
Durante los años en que operó el Parlamento de Mujeres, hasta su extinción al entrar al gobierno el conservador PAN (2000-2006), se aprobaron las leyes del Instituto Nacional de las Mujeres, la de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
Se crearon y multiplicaron los institutos de las mujeres en estados y en municipios; se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas en el Distrito Federal y se abrieron disposiciones en el Código Federal Electoral (COFIPE) para asegurar una cuota femenina en las listas electorales (hoy de 60/40).
También se crearon los presupuestos con perspectiva de género y una modificación constitucional que hace ley suprema a las convenciones y acuerdos internacionales que protegen a las mujeres.
En un largo período, en muchas entidades del país y a nivel nacional se instituyó la obligación de capacitar y empoderar a las mujeres. Millonarios recursos se han destinado a la promoción de los derechos humanos y la no violencia.
Todo esto con el propósito de promover la agenda feminista, que se ha esfumado en el proceso electoral, donde se renovará a la presidencia de la República, 15 jefaturas estatales y miles de municipios, al menos 508 diputaciones estatales, ratificó la exgobernadora de Zacatecas.
No obstante, mujeres de izquierda militante crearon un Frente Progresista y otras están llamando a construir una agenda para el Senado de la República en solitario: Malú Micher -todavía directora del Instituto de las Mujeres del DF- y Angélica de la Peña, integrante de la Red de Investigadoras contra el feminicidio.
Adicionalmente, Amalia García, del PRD, y otras ocho mujeres se inscribieron en la lista nacional del Senado. Ninguna otra iniciativa para los miles de puestos se conoce o promueve.
Las acciones no colectivas irán a las candidaturas presidenciales, seguramente, pero sin el peso organizado de las mujeres. Lo que es, según dijo a SEMlac la investigadora Elizabeth Maier, lamentable y peligroso por el avance del conservadurismo.
Diario Rotativo de Querétaro




