Por más que la ciudadanía, familiares de las víctimas, organizaciones internacionales de derechos humanos, clamaron por una actitud de independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Atenco y en el Caso de doña Ernestina, indígena nahua de la Sierra de Zongolica, en Veracruz, pesó más la disciplina al ejecutivo federal y la propia carrera personal del titular de la CNDH.

 

El ombudsman capitalino desde que se conoció la noticia de la tragedia del Divine asumió la defensa de cientos de jóvenes que se encontraban en la discoteca. En todas las entrevistas a medios fue claro, no se puede criminalizar a la juventud.

 

Dieciocho días después la opinión pública tenemos una investigación y más de 40 recomendaciones al jefe de gobierno del Distrito Federal, entre ellas la disculpa pública.

Por parte del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, hay una posición clara y decidida para darle seguimiento y acompañamiento a las madres y padres de las víctimas y a cientos de jóvenes violentados en sus derechos.

 

La otra lección es la actuación del Jefe de gobierno, acató su promesa pública, esperar la investigación de la CDHDF para tomar decisiones, en el camino, acciones concretas, responsables en la cárcel para seguir un proceso, y lo cumplió, dieciocho días después dos cargos importantes salieron de su gobierno y Ebrad asumió su responsabilidad como jefe de esta ciudad.

 

No hubo ninguna investigación a modo, concertada en algún lugar para dejar bien al jefe de gobierno y salvar a sus colaboradores, mandando a los mandos menores como los expiantes de culpas. Aquí fue de la cabeza a los pies, porque lo que prevaleció fue el interés de los derechos humanos de jóvenes, ciudadanas y ciudadanos violentados por la autoridad.

 

Muy distinto fue el trato para las 26 jóvenes abusadas sexualmente en Atenco, para los cientos de agredidos y violentados en sus derechos humanos en mayo de 2006. Ahí las víctimas se quedaron solas, sin justicia, ni reparación del daño. Ni el procurador del estado, ni seguridad pública estatal y federal fueron tocados.

 

Dos años después las víctimas siguen un proceso donde ellas son las responsables de demostrar quien las agredió, el gobernador del Estado de México sigue como si nada y los jefes policiacos estatales y federales siguen por la vida sin pena ni gloria.

 

Del caso de doña Ernestina no existe explicación lógica que valga que sostenga nada de lo que pasó después de su muerte, ahí más que estar del lado de la víctima, la CNDH hizo todo para demostrar que no hubo violación dijeran lo que dijeran.

 

Nada, traerá de nuevo a la vida a ninguna de las y los jóvenes muertos, nada recuperará la vida de la y los policías preventivos caídos.

 

Lo que tenemos es un actuar acorde a la democracia que queremos en esta ciudad y en este país, donde ningún abuso de poder este permitido o tolerado, donde los derechos de las mujeres sean protegidos y la declaración de la víctima sea suficiente.

 

* Periodista y feminista mexicana, Secretaria Ejecutiva en Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).