Así lo denunció Artículo 19, organización independiente de derechos humanos que trabaja en el mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, quien llamó al Gobierno ruso a cumplir sus obligaciones conforme el Artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de expresión en términos similares y los cuales son vinculantes para la Federación Rusa.

 

El Señor Yevloev fue detenido en Ingusethia al arribar de un vuelo de Moscú y conducido a un vehículo de la policía. Poco después, fue trasladado al hospital por oficiales de policía, con una herida de bala en la cabeza. Posteriormente murió por causa de estas heridas. Según las autoridades fue herido accidentalmente mientras trataba de tomar el arma de uno de los oficiales de policía. 

 

De acuerdo con otras fuentes, sus heridas fueron provocadas cuando el arma de uno de los oficiales se disparó accidentalmente. Pero en voz de los líderes de oposición de Ingusethia, se trató de una ejecución deliberada y premeditada de un periodista de oposición. El Fiscal de Ingusethia ha abierto una investigación por homicidio.

 

Yevloev dejó de colaborar como editor de ingushetiya.ru en noviembre de 2007, pero continuó como su apoderado legal. La actual editora, Roza Malsagova, recientemente salió de Rusia y solicitó asilo político en Francia argumentando un gran número de presiones por parte de las autoridades, incluyendo una serie de acusaciones contra ella como consecuencia de su trabajo en ingushetiya.ru.

 

LEYES AMBIGUAS

 

El Fiscal de Ingusethia ha intentado cerrar el sitio en varias ocasiones, acusándoles de distribuir material extremista y promover el odio racial. Las acusaciones fueron refutadas por el señor Yevloev. El 6 de junio, una corte de Moscú declaró que el sitio era extremista y ordenó su cierre, pero no fue posible cumplir el mandato ya que éste está registrado en los Estados Unidos de América.

 

La Ley Rusa Contra Actividades Extremistas define las actividades extremistas en términos muy amplios, por lo que puede hacerse uso indebido de la misma. Las disposiciones conceden una protección especial a los funcionarios públicos y establecen que la acusación contra un funcionario público de extremismo, puede ser en si considerada como una actividad extremista.

 

La doctora Agnes Callamard, directora Ejecutiva de Artículo 19, aseveró: "La muerte de Magomed Yevloev solo contribuye al ambiente de miedo e intimidación en el cual los medios de oposición rusos son obligados a operar. La posibilidad de hacer publicaciones de oposición sin miedo de represalias es crucial en una región del Cáucaso del Norte, que actualmente enfrenta las dificultades de la reconciliación y construcción de confianza".   

 

Artículo19 llamó al gobierno ruso a cumplir sus obligaciones conforme el Artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de expresión en términos similares y los cuales son vinculantes para la Federación Rusa.

 

Ambos artículos imponen la obligación de los gobiernos de no interferir en el trabajo de los medios, pero también contienen la obligación positiva de crear todas las condiciones necesarias para el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la protección a los medios contra la violencia y la persecución.

 

Las disposiciones también obligan a los gobiernos a crear un ambiente que propicie el pluralismo y el debate político, donde una diversidad de medios pueda operar con seguridad y sin obstáculos. Este ambiente no existe en la Federación Rusa.

 

Por lo tanto, la organización Artículo 19 solicita que la Federación Rusa conduzca, de manera urgente y transparente, una investigación en torno a la muerte del señor Yevloev y que la eleve a nivel federal para asegurar el mayor nivel de imparcialidad.

 

Que el gobierno de la Federación Rusa adopte medidas urgentes para revertir la tendencia sobre una deteriorada protección a periodistas, la cual claramente incide de manera negativa en la calidad investigativa de los medios rusos y priva del derecho a la información y el debate de asuntos públicos.

 

Las autoridades, continúa, deben asegurar que no existan restricciones a la libertad de expresión basadas en actividades extremistas sino únicamente cuando haya una conexión directa entre la expresión y la posibilidad de que se suscite la violencia o que ésta en realidad se suscite.

 

Y afirma también que las disposiciones de la Ley Contra Actividades Extremistas que protegen de manera especial a los funcionarios públicos deben ser derogadas.