Washington, 7 Sep 09 (EL UNIVERSAL).— A ocho años de los atentados terroristas que marcaron un antes y un después en la historia de Estados Unidos, millones de ciudadanos comienzan a conocer los detalles de una guerra sucia y oculta que hipotecó al país, comprometió la seguridad nacional y devaluó la autoridad moral de la nación.
La desclasificación de informes que han sacado a relucir el negro inventario de torturas y de operaciones encubiertas de la CIA han colocado a la administración del presidente Barack Obama ante el dilema de sepultar el pasado, o responder a los reclamos de quienes desean saber los detalles de la guerra sucia que se libró en su nombre tras los atentados del 11-S.
Mientras Estados Unidos comienza a digerir los escandalosos detalles de una guerra que fue presentada por la administración de George W. Bush como una "causa justa", las voces de aquellos que insisten en procesar a los responsables de los abusos y torturas y en castigar a quienes actuaron de espaldas a la nación, comienzan a multiplicarse.
"A menos que se inicie una investigación formal para conocer los detalles de esa sórdida historia de la era Bush, a fin de romper con el ciclo de engaños, estaremos condenados a repetir los mismos errores", consideró Alfred W. McCoy, profesor de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison y autor del libro "Una cuestión de tortura".
"Si no lo hacemos, para aquellos que no han conseguido olvidar las fotos de la cárcel de Abu Ghraib el próximo escándalo de tortura será devastador para la imagen y la seguridad de la nación", añadió.
Cuando el pasado 24 de agosto el Fiscal General, Eric Holder, anunció la creación de una fiscalía especial para investigar una decena de casos de tortura y abusos por parte de la CIA, los principales responsables de confeccionar la política que encubrió la detención de presuntos terroristas en cárceles clandestinas y a su sistemática tortura, acusaron a Obama de buscar el enjuiciamiento político de su antecesor.
"Es ultrajante que se pretenda juzgar a la administración pasada con fines políticos", dijo el ex vicepresidente Dick Cheney, quien, al igual que ocurrió durante los ocho años de la administración de George W. Bush, se ha encargado de orquestar una campaña para defender un legado que, según insiste en señalar, "ha mantenido al país a salvo de nuevos ataques terroristas".
Al mismo tiempo que Cheney defiende la política que le permitió a él y a Bush dotarse de poderes metaconstitucionales para autorizar la tortura y el espionaje secreto de sus ciudadanos, los detalles de una guerra sucia comienzan a emerger de la mano de documentos desclasificados e investigaciones independientes.
- Técnicas no autorizadas
Como el reporte de la fiscalía general de la CIA correspondiente al 2004, en el que se establece que los detenidos fueron sometidos a interrogatorios mediante la utilización de "técnicas no autorizadas". Entre ellas, las ejecuciones simuladas con pistola en mano o taladros eléctricos; el waterboarding o asfixia simulada; las amenazas de muerte o violación contra madres, hijas o esposas enfrente de los detenidos; el ahogamiento con manos, la permanencia durante varias horas en posturas incómodas y el salto continuo de los torturadores sobre los tobillos esposados de los detenidos.
O a través de investigaciones independientes como la realizada por el periodista, Barton Gellman, de The Washington Post y autor del libro "Angler" (El Pescador) donde narra con lujo de detalle la estrategia que siguió Dick Cheney y su más cercano círculo de colaboradores, como David Addington, su entonces jefe de gabinete, George Tenet, el director de la CIA y el ex Procurador General, Alberto Gonzales, para desarrollar un programa secreto a espaldas del Congreso, no sólo para espiar a sus ciudadanos para descubrir entre ellos a posibles "células durmientes" de Al-Qaeda, sino para dejar de lado la Convención de Ginebra y autorizar la tortura de los prisioneros a manos de la CIA y de los militares.
"El pueblo estadounidense necesita saber cómo han sido tratados los detenidos en Irak, Afganistán, Guantánamo y otras partes del mundo. Y necesita saber quiénes son los responsables para asegurarse de que en el futuro no se permitirá ninguna violación del derecho estadounidense y de las convenciones internacionales con respecto a torturas y tratos crueles, inhumanos y también degradantes.
Una investigación independiente es una parte necesaria del logro de este objetivo", consideró Richard Killmer, integrante de una coalición de 19 organizaciones de derechos humanos y religiosas, que han exigido al presidente Obama investigar y esclarecer las responsabilidades judiciales y políticas de quienes aprovecharon los atentados del 11 de septiembre de 2001, a fin de emprender una "guerra sucia".
Diario Rotativo de Querétaro
