Los presidentes de los países integrantes del ALBA (Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua) decidieron retirar a sus embajadores acreditados en Honduras y se declararon en alerta permanente, así como dispuestos a apoyar una "insurrección popular" para propiciar la restitución de Zelaya. 

De igual manera, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció en Managua que ordenó el cierre de "nuestra embajada en Honduras y el retiro de todo nuestro personal acreditado", hasta que no se restituya a Zelaya". En rechazo al golpe, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que junto con Honduras integran el llamado CA-4, suspendieron el comercio terrestre con la nación hondureña. 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró este mismo lunes que desde la OEA "no se aceptará una vuelta al pasado en el continente" y no habrá ninguna concesión a un régimen proclamado sobre la base de un golpe militar. Confirmó que en la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el martes en Washington los cancilleres de la OEA podrían decidir la aplicación a Honduras del artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana, que inhibe de participar en todas las instancias regulares del organismo al país que vea alterada gravemente su institucionalidad democrática. Si para el martes, Zelaya no ha sido restituido a la Presidencia, el gobierno instalado en Tegucigalpa después del golpe quedaría marginado del sistema interamericano. Aunque la marginación sería temporal, tampoco habría plazo para levantarla. 

En el encuentro del SICA se adoptó una resolución que contempló suspender relaciones con el gobierno del presidente designado Roberto Micheletti. Además, el organismo ordenó a sus embajadores ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) "suspender de forma inmediata todos los préstamos y desembolsos" al gobierno hondureño, mientras éste no sea encabezado por Zelaya. El bloque centroamericano también respaldó una resolución de la OEA sobre la situación en Honduras y convino solicitar una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que "adopte las medidas coercitivas que correspondan". 

Los países del SICA advirtieron que tomarán "escalonadamente las medidas necesarias" incluyendo la congelación del comercio intrarregional en contra del gobierno de facto de Honduras hasta que sea restituido Zelaya. Acordaron también apoyar plenamente la resolución de la OEA para el restablecimiento del orden constitucional y convocar a la ONU para que emita una resolución con carácter condenatorio y tome medidas coercitivas ante el golpe de Estado. 

Por su parte, el Grupo de Río, cuya secretaría pro témpore se encuentra a cargo del presidente mexicano Felipe Calderón, condenó el golpe de Estado contra Zelaya y demandó el reestablecimiento del orden constitucional, así como el respeto a los derechos humanos de funcionarios de la administración Zelaya. El Presidente de México, Felipe Calderón, declaró abierta la reunión extraordinaria, en su calidad de presidente pro témpore del G-Río. "Es absolutamente inaceptable la utilización de la fuerza para derrocar a un gobierno legalmente constituido e inadmisible la forma en que el presidente Zelaya fue detenido y obligado a salir de su país", dijo Calderón. 

A su llegada a Managua, el mandatario había dicho: "Quiero externar y refrendar a nombre del pueblo y del gobierno de México, y también a nombre del Grupo de Río, nuestro más enérgico rechazo al golpe de Estado ocurrido el día de ayer (domingo) en Honduras". 

En su turno, el presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que no puede haber negociación alguna con los golpistas ni tampoco se puede afectar ninguna exigencia al gobierno legítimo de Manuel Zelaya. "El golpe de Estado, fascista, contra Zelaya es una afrenta contra los pueblos de Latinoamérica y Centroamérica", esto no puede quedar impune.