Con estas palabras, publicadas en la columna editorial "Presidencia opina", de la página Web de la Presidencia de la República, justificó el izquierdista gobernante de Uruguay Tabaré Vázquez el veto impuesto a la ley de "Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva", aprobada el 5 de noviembre último, que despenalizaba el aborto.

El veto del presidente Vázquez contó con el beneplácito de los partidos opositores al gobierno, que no apoyaron la ley de salud sexual y reproductiva, así como de la Iglesia católica y los grupos contrarios al aborto, como el denominado "Pro vida".

Por pocos días, Uruguay fue un país líder en la región, al incluir en su legislación una norma amplia que permitía la interrupción del embarazo, en cualquier circunstancia, antes de las 12 semanas de gestación.

Aunque se conocía la decisión presidencial de vetar la ley en caso de que esta fuera aprobada por ambas cámaras legislativas, la rapidez con que Vázquez la hizo efectiva despertó el rechazo de amplios sectores de la sociedad uruguaya, en particular por los argumentos jurídicos, científicos y técnicos esgrimidos en la fundamentación de la medida.

En opinión del presidente de Uruguay -y de la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, que respaldó con su firma el veto- la ciencia reconoce la existencia de vida desde el momento de la concepción.

"La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro, y el ADN con la secuencia del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción allí hay una vida nueva, un nuevo ser", es la argumentación.

Y añade: "Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos el ADN se ha transformado en la 'prueba reina' para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, e incluso, en hipótesis de devastación, o sea, cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aún luego de mucho tiempo".

En momentos en que Uruguay aún dirime el destino de cientos de personas desaparecidas durante la dictadura militar, que imperó en el país de 1973 a 1984 y somete a estudios de ADN restos óseos hallados que podrían corresponder a alguno de ellos, el argumento "científico" esgrimido para defender el veto es considerado, por lo menos, improcedente.

En su argumentación a favor del veto, Vázquez sostiene que "el verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más, a los más débiles". Sin embargo, en Uruguay, 50 por ciento de los recién nacidos lo hacen en hogares que están por debajo de la línea de pobreza.

El viernes15, al atardecer, organizaciones sociales y de mujeres convocaron a una demostración opositora al veto en la céntrica Plaza Libertad, de la capital uruguaya, en la que participaron cerca de 2.000 personas.

En un improvisado estrado se fueron sucediendo en la oratoria hombres y mujeres representantes de diversas organizaciones, que batallaron a lo largo de las últimas décadas por la despenalización del aborto y que reprocharon al primer presidente de un gobierno de izquierda su distante actitud "progresista".

Entre el público, también estaban presentes parlamentarios que votaron a favor de la ley de despenalización del aborto.

"Tabaré, a las mujeres de izquierda tu veto nos da vergüenza"; "La libertad y los derechos no se vetan"; "Tabaré, tu autoridad emana de nosotros. Ya decidimos", "Tu veto me mata", "Presidente Vázquez ¿usted no sabe dónde están las clínicas de sus colegas aborteros?", fueron algunas de las consignas escritas en pancartas, carteles y hasta en la palma de las manos de los y las manifestantes.

La principal crítica al primer mandatario, proveniente tanto del ámbito parlamentario como de la ciudadanía que defiende la despenalización del aborto, es haber utilizado el instrumento constitucional del veto para hacer primar su posición personal, desoyendo las mayorías legislativas que representan a los votantes.

Aunque las opiniones están divididas y se sabe de antemano que no se cuenta con las mayorías especiales para levantar el veto presidencial, una importante corriente de opinión entiende necesario convocar a la Asamblea General -que reúne a ambas cámaras legislativas- para que sea ella la que tenga la última palabra.